Una política en nombre de la movilidad

Hace falta impulsar un nuevo modelo de inversión pública en España. El antiguo consistía en invertir en infraestructura con el fin último de suplir las fuertes deficiencias del país. Para mejorar la productividad de la economía era preciso construir carreteras, aeropuertos, vías férreas y puertos. Este salto en la modernización de las infraestructuras fue clave para ampliar el potencial de crecimiento de la economía española. Sin embargo, si queremos que la política de infraestructura de transporte siga contribuyendo al crecimiento, a la cohesión social y a la sostenibilidad del planeta, tres objetivos que forman parte esencial de nuestra visión de futuro del país y que están recogidos en la agenda 2030, hay que replantearse la estrategia.

El recorrido del anterior modelo ya se está agotando. Una vez que contamos con un stock funcional y adecuado, invertir en nuevas y costosas infraestructuras físicas nos llevaría a un sistema subóptimo de exceso de capacidad, baja productividad y escasa rentabilidad económica y social. La labor ahora consiste, en esencia, en conservar y explotar de forma eficiente el stock de capital público existente, y eso implica cambiar de paradigma: el centro de las políticas no debe ser la infraestructura en sí, sino el ciudadano y la inversión en soluciones que satisfagan sus necesidades de movilidad de modo que esta sea sostenible, segura, automatizada, compartida y conectada.

Hay que generar más movilidad y hacer de ella un derecho básico de la ciudadanía. Que una infraestructura se use más significa que por cada euro invertido se genera un mayor flujo de servicios, es decir, que el capital está siendo más productivo; que una infraestructura se use más implica que ofrece soluciones funcionales y eficientes a los usuarios para recortar distancias a un coste menor, es decir, que está contribuyendo a la cohesión social y territorial; y si todo eso va acompañado de políticas para que los modos de transporte más usados sean los menos contaminantes, estaremos cultivando además la sostenibilidad ambiental.

Hay que generar más movilidad y hacer de ella un derecho básico de la ciudadanía

Transitar a este paradigma de movilidad sostenible supone invertir y concluir los corredores estratégicos que, por su impacto económico, medioambiental, social, son prioritarios. Además, implica rediseñar las prioridades. La primera será, sin duda, la seguridad. Si la estrategia es hacer de la movilidad un derecho, la seguridad es intrínseco a él. La seguridad, a su vez, lleva asociada otras dos prioridades: la inversión en mantenimiento y conservación. No hay, a mi juicio, inversión más rentable que un mantenimiento proactivo por varios motivos. Primero, porque hay escasa incertidumbre: se implementa en la infraestructura donde hay certeza que existe demanda. Segundo, porque ahorra costes futuros: diferir el gasto en mantenimiento resulta a la postre muy costoso. Y tercero, ofrece un alto valor social: la seguridad. También será una prioridad invertir en movilidad cotidiana. En un contexto en el que se está produciendo un desplazamiento de la población hacia la periferia ante la dificultad de acceder a una vivienda, garantizar este derecho a la movilidad es abrirle la puerta a otros derechos como la sanidad, la educación, el trabajo y la igualdad de oportunidades, elementos clave para evitar barrios segregados y reforzar la cohesión social

La digitalización será otra inversión fundamental en este esquema para, a través de las decisiones basadas en datos, incrementar la eficiencia de la movilidad. Un transporte inteligente que revele información sobre modos de transporte ofertados, tiempos de viaje o coste de las alternativas hará de la movilidad un servicio moderno y de mejor calidad.

Finalmente está también como eje prioritario la intermodalidad, de manera que se realice una gestión íntegra de los servicios de transporte para configurar una red interconectada que permita comprimir costes, reducir tiempos y generar sinergias. Estamos hablando de un generador de verdaderas ventajas competitivas tanto para facilitar el acceso a nuevos mercados, como para participar en las Cadenas Globales de Valor de unas redes comerciales cada vez más internacionalizadas o para impulsar las economías de aglomeración en un entorno cada vez más urbano.

España, que ya cuenta con una gran infraestructura de transporte, precisa ahora de una estrategia de movilidad sostenible y digitalizada, sobre la que ha venido trabajando el Gobierno, que responda a los principios planteados con el fin de disponer de más, mejores y más limpios servicios de movilidad que potencien el progreso de España.

Pedro Saura es secretario de Estado en funciones de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.