¿Inversión o economía familiar?
Las entidades que aprovechen el esfuerzo asociado al cumplimiento de la normativa como una oportunidad para ir más allá
En los últimos años hemos vivido una intensa actividad regulatoria en términos de protección al inversor. Por un lado, las directivas MiFID se encaminaron a mejorar la protección a los inversores en productos financieros como acciones, renta fija, estructurados y fondos de inversión. Por otro lado, la Directiva de Distribución de Seguros (IDD), pendiente de transposición en España, incluye en su ámbito de protección a los inversores en productos de seguros, entre otros.
La implementación de estas directivas acarrea obligaciones encaminadas a un mejor conocimiento del cliente durante el proceso de información o asesoramiento. Estas obligaciones se canalizan mediante los test de demandas y necesidades, idoneidad, conveniencia y adecuación. Aunque la normativa redunda en la protección y el beneficio del inversor, encontramos aún gran recorrido de mejora en cuanto a la utilidad de estos test para asegurar que el cliente incurra en niveles de riesgo y complejidad más acordes a su realidad financiera.
Por una parte, la práctica totalidad de la información recabada por las entidades proviene del propio cliente, queda bajo su responsabilidad y criterio la veracidad e incluso la comprensión de las preguntas de dicho test. La automatización de gran parte de este análisis es posible hoy mediante la regulación de agregación de información financiera, lo que eliminaría en gran medida errores o lagunas de información por parte del cliente. Adicionalmente, observamos que, cuando el cliente responde preguntas relacionadas con su aversión al riesgo, tiende a sesgarse a niveles de riesgo excesivamente conservadores o arriesgados. El uso de técnicas de aprendizaje máquina, aplicado sobre el histórico de su comportamiento financiero, junto con el uso de técnicas de gestión de sesgos cognitivos, ayudaría a una mejor calibración de los riesgos.
Por último, aunque la normativa se refiere de forma muy concreta al proceso de inversión, la realidad es que las necesidades de gestión de la economía familiar del cliente van mucho más allá de este proceso concreto. Dar cobertura a la unidad familiar en caso de accidentes, fallecimientos o enfermedades; conocer en qué medida el estilo de vida se corresponde con sus posibilidades financieras; estar seguro de que su nivel de deuda es razonable; disponer de colchones financieros para imprevistos; conocer qué riesgos son más probables en cada momento vital (y cubrirlos), o prepararse para la jubilación son ejemplos de preocupaciones mucho más frecuentes y cercanas a la realidad financiera de las familias españolas.
Las entidades que aprovechen el esfuerzo asociado al cumplimiento de estas normas como una oportunidad para ir más allá y convertirse en cómplices de la gestión de la economía familiar de sus clientes dispondrán de una mayor probabilidad de supervivencia en un contexto muy competitivo.
Borja Foncillas es profesor de Afi, Escuela de Finanzas.
