Inversores mexicanos del Popular ponen en marcha dos arbitrajes internacionales contra España
Aseguran que la resolución de Banco Popular fue causada por múltiples actos y omisiones por parte de España antes, durante y después de la resolución
Un grupo de inversores mexicanos antiguos accionistas de Banco Popular liderados por Antonio Del Valle, que poseía aproximadamente el 4% del capital de la entidad que fue liquidada hace más de un año, anunció hoy que han iniciado un proceso de arbitraje contra el Reino de España. Acuden al Ciadi, el organismo del Banco Mundial, y al CNUDMI, de las Naciones Unidas. Buscan una compensación por los daños causados, ya que con la liquidación del Banco —ordenada por las autoridades europeas ante la falta de liquidez el 7 de junio de 2017— perdieron toda su inversión (en su caso superaba los 450 millones), como el resto de accionistas. Consideran que la resolución de Banco Popular fue "erróneamente causada por múltiples actos y omisiones por parte de España antes, durante y después de la resolución, incumpliendo las múltiples garantías y protecciones establecidas en el Tratado y el derecho internacional aplicable".
Los inversores mexicanos acusan a España de que se retirar dinero de entidades públicas, no facilitar liquidez, hacer declaraciones públicas que agravaron el problema del banco e incluso le achacan que la venta al Santander era una operación orquestada para que la entidad quebrada se mantuviera en manos de un banco español.
Aseguran que la pérdida de sus inversiones, según señalan en un comunicado, viola el Tratado Bilateral de Inversión entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos. Estos inversores ya avisaron a España de su intención de iniciar un procedimiento de arbitraje internacional el 22 de enero de 2018. Esa advertencia abría un periodo de negociaciones amistosas establecido en el Tratado. Ese período finalizó el 22 de julio de 2018, tras el cual los inversores podía comenzar el procedimiento oficial de arbitraje, que ahora solicitan.
Los representantes de estos inversores recuerdan que México pasó a formar parte de los países que componen el sistema de arbitrajes del Ciadi (del Banco Mundial) a finales del pasado julio, con lo que ahora tienen derecho a acudir a este organismo para dilucidar sus diferencias con España. "Este es el primer arbitraje ante el Ciadi presentado de conformidad con un tratado firmado por México. El MIG también presentó una notificación de arbitraje en virtud de las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ("CNUDMI")", señala su comunicado.
La solicitud de arbitraje presentada ante el Ciadi debe ser todavía revisada por esta institución antes de registrar el arbitraje. La de la CNUDMI se entregó directamente a España, que tendrá 30 días para responder a dicho aviso, de conformidad con las reglas aplicables. Los arbitrajes comenzarán con la formación del tribunal arbitral. Una vez formado, el tribunal arbitral establecerá el calendario procesal para los arbitrajes.
Los supuestos errores graves de España
Javier Rubinstein, socio de Kirkland & Ellis, es quien representa a los accionistas mexicanos y por escrito ha señalado que España "negó a los inversionistas un trato justo y equitativo, un entorno legal y regulatorio estable y predecible, protección contra medidas arbitrarias y no transparentes que afectan sus inversiones y contra la expropiación ilegal".
Los inversores basan su demanda a España en varios supuestos incumplimientos de sus obligaciones. Así, dicen que España llevó a cabo "una retirada sin precedentes de miles de millones de euros del Banco Popular a través de múltiples entidades y divisiones del Gobierno español". También que no tomó las medidas adecuadas para superar la crisis de liquidez del banco ni cuando empezaron los problemas meses antes de su quiebra ni en el momento de mayor urgencia, y que además hicieron declaraciones públicas desde el Gobierno que debilitaron el banco. En este último punto citan concretamente que el entonces Ministro de Economía, Luis de Guindos, el 18 de mayo de 2017 afirmó que España no "inyectaría recursos públicos" en Banco Popular.
Por otra parte, también acusan a España de haber participado en el diseño del sistema de liquidación del banco y la venta en una noche al Banco Santander por solo un euro, "muy por debajo del valor de mercado del banco, con el fin de lograr el objetivo predeterminado de España de garantizar que el Banco Popular se vendiese a un importante banco español". Denuncian que "tras la confirmación por parte de Santander de que no compraría Banco Popular en una venta privada, pero que sí tenía interés en comprar Banco Popular mediante una resolución, España tomó medidas activas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ("FROB") para facilitar la venta de Banco Popular a través de una resolución". Y dicen que nunca se escuchó a los inversores antes de tomar esta decisión ni se tuvieron en cuenta "soluciones alternativas" que existían.
