Así funciona Arriaga, una fábrica gigante de pleitos contra la banca

Probablemente la historia de los pleitos de los clientes contra los bancos nunca hubiera sido un fenómeno social sin dos personajes opuestos. Por un lado, Luis Pineda, expresidente de Ausbanc, acusado de organización criminal por extorsión a los bancos y en prisión provisional. Antes de caer en desgracia, puso contra las cuerdas al sistema financiero al denunciar las cláusulas suelo, gracias al apoyo de los tribunales europeos. De este caso se han beneficiado millones de clientes y ha costado unos 4.000 millones a las entidades.

Por otro lado, está Jesús María Ruiz de Arriaga (Ocáriz, Álava, 1960), con un perfil completamente diferente. Utilizó las preferentes para crear "el mayor despacho de Europa occidental en defensa de los consumidores", según asegura. Algunos abogados consultados admiten que es un fenómeno único en el sector y consideran fiables sus astronómicas cifras. Es una verdadera fábrica de pleitos contra la banca.

En octubre de 2011 fundó Arriaga Asociados y en menos de siete años ha ganado casi 30.000 sentencias y ha recuperado para sus clientes unos 700 millones de euros; representa a más de 100.000 personas con productos financieros como preferentes, deuda subordinada, bonos convertibles, cláusulas de suelo o gastos hipotecarios. Tiene demandas vivas por valor de 500 millones, según cálculos internos.

En 2017 facturó 51,54 millones, un 34% más que el ejercicio anterior. Esta cifra le podría colocar entre los 10 mayores despachos de España, algunos de ellos centenarios o pertenecientes a multinacionales. Por primera vez será el líder, por delante de Legálitas (45,5 millones de facturación en 2017), que no tiene la misma actividad, pero también trabaja con miles de pequeños clientes.

Algunos competidores creen que Arriaga ha crecido demasiado porque el negocio de los pleitos caerá en  los próximos años

El año pasado Arriaga tuvo un beneficio después de impuestos de 3,95 millones, frente a los 16,24 millones de 2016. En Arriaga explican que esta caída del 75% se debe "a que reinvertimos los beneficios en elevar la publicidad, las oficinas y la plantilla". De hecho, el número de empleados creció un 82% en 2017, al pasar de 336 a 612. Tiene 57 oficinas por toda España y siete de ellas en centros comerciales, una novedad que le está dando buen resultado. Algunos de los competidores consultados, consideran que el despacho de Arriaga está sobredimensionado porque el negocio de los pleitos bancarios ha llegado a sus máximos e irá disminuyendo. 

El principio de la autofinanciación

El principio de Arriaga es autofinanciarse, aunque admite que trabajan con algún banco que prefiere no citar. Existen fondos anglosajones especializados en financiar a estos bufetes especializados en consumo para luego compartir las ganancias, pero Arriaga asegura que no ha recurrido a ellos, aunque no lo descarta.

Arriaga, que admite ser casi hiperactivo "porque lo estudio todo y todo me interesa", dice que tiene clientes de todas las clases sociales. Reconoce que su empresa dio un giro copernicano cuando fichó al deportista Iker Casillas como imagen del despacho. Casillas, afectado por la compra de acciones de Bankia, representa todo lo que quiere Arriaga: cercanía y confianza para los ciudadanos que se consideran estafados por las entidades financieras. Utilizó las campañas de publicidad más sencillas y agresivas al estilo de los abogados americanos: pleitee conmigo, no le costará nada, solo cobro si gano el juicio. Arriaga, al igual que muchos otros despachos, aprovechó el cambio legal que permitió cobrar por éxito, sin exigir provisión de fondos que ahuyentaba a los pequeños clientes y convertía las demandas judiciales en un lujo para ricos.

Este hijo de ferroviario nació en el seno de una familia humilde; fue el segundo de cuatro hermanos. Su padre, un alavés oficial especializado en la fabricación de ballestas para trenes y coches, arrastró a su familia a varias localidades hasta que se instalaron en Alsasua (Navarra), lugar en el que echaron raíces y que Arriaga considera su hogar. Después de pasar por el seminario, y tras perder su vocación, según admite, se trasladó a la Universidad de Salamanca, donde se diplomó en Ciencias Empresariales. Una gran parte de su vida laboral transcurrió dirigiendo una ONG de Zaragoza durante 8 años y después otra de Huesca, Atades, 12 años más.

La llegada de Arriaga al mundo de las demandas bancarias no tuvo nada que ver con el sector financiero, sino con el inmobiliario. En octubre de 2011 se vio afectado por la suspensión de pagos de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa y con la recién estrenada licenciatura de derecho dos años antes, organizó su defensa judicial y recuperó su dinero. "Invertí mis ahorros en adquirir una casa y de la noche a la mañana me quedé sin dinero y sin casa. Los demandé y los tribunales me dieron la razón. Ayudé desinteresadamente a amigos y allegados y comprendí que había muchos como yo a los que nadie les solucionaba sus problemas", asegura.

El primer cuartel general, en casa

Fundó el despacho junto a su mujer, montó el cuartel general en su casa "y desde allí me desplazaba por toda la geografía española de juzgado en juzgado", recuerda. Aquellos años los recuerda con un gran desgaste físico y cambió de estrategia. Se fijó en las preferentes y diseñó la industria de litigar contra la banca, aprovechando que eran miles de afectados con problemas similares. "Arrancamos con las preferentes porque había miles de ahorradores mayores que se sentían impotentes y estafados, pero no sabían cómo recuperar su dinero. Nuestra publicidad les dio esperanza y les animó a salir de casa e iniciar un camino que les condujo a recuperar lo que era suyo", explica este hombre sencillo y llano en su forma de expresarse.

Arriaga afirma que dividió a su plantilla especializándola según sus perfiles, de forma que unos solo se dedican a ir a los juzgados, otros solo a analizar las respuestas y otros a investigar cómo se plantean las demandas, además de los matemáticos e informáticos que también ha contratado.

El porcentaje de éxito, señala, es de un 98% en los casos presentados ante los juzgados de primera instancia, y en un 99% en apelaciones ante las audiencias provinciales. Así que con esa tasa de éxito, y tras la industrialización, llegó la segunda clave: atraer con los precios. El coste del proceso en sí no lo paga el cliente sino el banco demandado, ya que Arriaga se queda con las costas cuando se condena a la entidad y el interés generado por la deuda. El cliente abona 199 euros y si se gana el pleito se le devuelven 99. Si se gana sin costas, se devuelven 99 euros y se cobran los intereses generados y el 15% de lo recuperado por el cliente. En caso de pérdida, se cobran los 199 euros y Arriaga paga las costas si hay condena.

Arriaga afirma que la banca se equivocó radicalmente cuando decidió pleitear con cada uno de sus clientes. "Por un lado quiere evitar el efecto llamada y alarga el proceso, pero por otro, paga en dinero y coste reputacional. Nosotros somos producto de sus abusos, no al revés".

La competencia

Arriaga representa la esencia de la industrialización de los litigios contra la banca. Pero no es el único despacho que se dedica a ello. Legálitas estrenó el modelo low cost. Bufete Rosales mutó para adaptarse a las circunstancias y aprovechar el nuevo mercado. La asociación Asufin nació al calor de un pleito ganado por su presidenta. Martínez-Echevarría, con 35 años de experiencia, también se ha convertido en un jugador del gran tablero de las demandas a la banca.

Además, existen otros despachos que trabajan con accionistas de bancos, como el de Cremades & Calvo-Sotelo, que lleva la defensa de unos 7.200 con títulos del Popular, y también ha trabajado con los de Bankia. Sin embargo, Javier Cremades, presidente y fundador del despacho, comenta que esta parte del negocio "es pequeña sobre nuestra facturación total" y aclara que su objetivo son los accionistas más que los afectados por productos bancarios. Admite que los bufetes especializados en el consumidor financiero "están dando respuesta a una demanda social de unos ciudadanos que han perdido la confianza en el sistema; esto es muy grave, creo que se debe defender al sistema haciendo que paguen los culpables".   

Legálitas: Asesoramiento y mediación, sin los gastos del juicio

Hace 20 años, la primera empresa en ofrecer servicios jurídicos a bajo precio fue Legálitas. Por 129 euros anuales ofrece la posibilidad de consulta, de revisión de documentos y de mediación para ante conflictos por tráfico, impago de alquileres, problemas en la vivienda y seguros de protección. Sin embargo, si el cliente decide ir a juicio, los gastos que se origen no están cubiertos, aunque dicen que “el 95% de los casos los solucionamos sin juicio”. Tienen 300.000 clientes individuales y 10 millones a través de acuerdos comerciales con Santander, Bankia, Sabadell, Ocaso, Movistar u Orange, entre otras, que ofrecen Legálitas a sus abonados. Facturó 45,5 millones en 2017.

Bufete Rosales: “Se busca entorpecer el proceso”

Bufete Rosales es un caso típico de adaptación a las circunstancias. Nacido hace más de 30 años, en 2012 amplió sus amplios servicios jurídicos a la cobertura de los afectados por productos bancarios, incluidos los accionistas del Popular. Fue de los primeros en apoyarse en la publicidad masiva en televisión o autobuses. Tiene 75 empleados, más de 30.000 clientes y facturó 11,5 millones en 2017. No pide cuota ni provisiones de fondos a los clientes pero cobra el 10% de lo recuperado más las costas, según José Baltasar Plaza, socio director, que critica el acuerdo extrajudicial del Gobierno para cláusulas suelo y los juzgados especiales “porque solo buscan entorpecer los procesos”.

ASUFIN: “La tolerancia ante el abuso ha caído”

ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros) se constituyó en 2009 después de que su presidenta, Patricia Suárez, ganara un pleito a Bankinter por un swap (derivado financiero) mal vendido. Ofrece “asesoramiento por profesionales con experiencia en la defensa de los usuarios de productos bancarios. Interponen demandas individuales, acumuladas o colectivas, según el caso”, apunta Suárez. Cobra tarifas diferentes según el producto, IRPH o Valores Santander, que llegan a 1.200 euros para las hipotecas multidivisas (antes era superior). Suárez cree que el sistema judicial y la banca retrasan los procedimientos para agotar a los que pleitean, “pero ha bajado la tolerancia del cliente ante los abusos”.

Bufete Martínez-Echevarría: “La banca no calculó el daño que hacía”

El bufete Martínez-Echevarría, fundado en 1983, con origen en Málaga, cubre todos los campos del derecho. En los últimos años empezó a atender a clientes con productos bancarios. Utiliza la publicidad en medios generalistas, con comunicadores como gancho de marca y cuenta con 135 abogados en 9 oficinas de España y otras tantas del extranjero. Eugenio Martínez-Echevarría, socio director y hermano del presidente, dice que ha llevado más de 12.000 procedimientos de derecho bancario y no detalla el coste para el cliente (“puede haber cuota a no”) ni la facturación. “La banca no calculó el gran daño que hacía a los ciudadanos y a la economía con algunos productos”, afirma.