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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Podemos evitarlo

El desaliento es palpable y alimenta un sentimiento de inevitabilidad sobre la necesidad de un rescate total

Jordi Canals

La perplejidad se ha apoderado de la opinión pública. El Gobierno español aprueba medidas difíciles e impopulares para recuperar la confianza de los inversores y lograr financiación a precios razonables, pero no lo consigue. El desaliento es palpable y alimenta un sentimiento de inevitabilidad sobre la necesidad de un rescate total de España. Estamos dando la imagen de un país resignado a perder y es una pena, pues el rescate no es inevitable.

Prestan un flaco favor quienes se limitan a afirmar que el problema de España es un problema del euro y que trasciende a la economía española. Y no porque sea una afirmación falsa, sino porque es incompleta. Los inversores extranjeros abandonan la economía española no solo porque ya no tienen confianza, sino, principalmente, porque observan que aún no hemos hecho todo lo que podemos hacer y que hemos perdido la confianza en nosotros mismos. Los inversores regresarán cuando comprueben con hechos que confiamos en nosotros —no solo en el BCE—, y esto exige un plan de acción claro, determinación, claridad, y habilidad política en tres áreas centrales: reducir el déficit público —recortando el gasto público hasta colocarlo en una senda de control a medio plazo—, acelerar el saneamiento de la banca y crear un nuevo marco que impulse la competitividad de las empresas, el espíritu emprendedor y el crecimiento.

De esas tres áreas, la reducción del déficit público es hoy un reto imponente. Lamentablemente, la credibilidad en la reducción del déficit público se ha esfumado y hay que recuperarla si queremos evitar un rescate. Hay que reconocer al Gobierno de España que ha tomado medidas difíciles e impopulares, pero, desgraciadamente, ni suficientes ni presentadas de modo coherente. La prueba es que los inversores ni entienden ni valoran las medidas que se van anunciando. Hay que plantear claramente que el problema central del déficit público no es tanto la caída de recaudación, sino el crecimiento extraordinario del gasto durante los últimos años. Es necesario atacar la raíz del problema; de no hacerlo, el problema seguirá existiendo y, al mismo tiempo, iremos ahogando aún más la economía real con subidas de impuestos.

No se entiende que en estos momentos de urgencia no se eliminen más organismos públicos o asesores de altos cargos que generan gasto real. Si nuestra perplejidad ante estos hechos es grande, podemos imaginar la de los inversores internacionales que deben decidir si nos siguen prestando o no. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, es estéril esperar que otros lo hagan por nosotros.

Es necesario reaccionar, plantear un marco creíble de reducción del gasto, y que permita sostener el gasto de protección social de quienes realmente lo necesitan.

Se argumenta también que el problema del gasto público está relacionado con el estado de las autonomías y que es necesario reinventarlo. Es cierto que la descentralización ha facilitado el descontrol del gasto, pero todas las Administraciones tienen su responsabilidad. ¿Qué se puede hacer a corto plazo? Se trata de que el Gobierno plantee un marco claro, completo y concreto de reducción del gasto público a niveles sostenibles con los niveles actuales de ingresos públicos. Además, el Gobierno central debería buscar el máximo acuerdo con el resto de grupos políticos. De otra parte, el enfrentamiento dialéctico entre Gobierno central y comunidades autónomas solo conduce a magnificar la imagen de descontrol en el gasto y de desunión dentro del país. El Gobierno debe mostrar liderazgo, pero las diferencias entre Administraciones sobre el modo de reducir el gasto y los mecanismos para inyectar liquidez deberían dirimirse a puerta cerrada.

En general, la experiencia muestra que el déficit público incontrolado es un cáncer a extirpar, y que los procesos de reducción del déficit público enseñan que el descenso del gasto corriente y de las subvenciones tiene un efecto positivo mayor que el aumento de impuestos, especialmente cuando el nivel impositivo ya es importante. También se aduce que algunas de estas partidas de gasto no tienen un volumen suficiente. No es cierto: muchas son partidas de gasto importantes; además, estas medidas envían a todos un mensaje de ejemplaridad, de que comprendemos el problema que tenemos y queremos solucionarlo de entrada con nuestros medios. Si las adoptamos, las explicamos bien y damos una señal de unidad de todos, notaremos la dureza de la situación, pero podemos aún evitar el rescate.

Resulta imprescindible un esfuerzo urgente por parte de todos, con el Gobierno español a la cabeza mostrando un marco claro, para alcanzar un acuerdo sólido, que permita convencernos y convencer a otros de que podemos recortar el déficit público de manera creíble. Sin embargo, el mensaje que un acuerdo sobre el control del déficit tendría sería muy poderoso, aumentaría la confianza dentro y fuera, permitiría pensar que podemos gestionar la crisis y enviaría una señal fuerte a los mercados, al BCE y a la UE.

No podemos dejar que la desesperanza se apodere de la sociedad española. Este es un momento histórico en que solo la competencia profesional, el sentido de Estado y la búsqueda de acuerdos entre todos pueden evitar el desastre de la intervención total. Es imprescindible adoptar decisiones decididas y rápidas, e involucrar a cuantos más mejor. El fracaso pertenece a quienes no quieren luchar. El éxito en la solución del problema no depende solo de nosotros, pero hemos de poner todos los medios como si la salida solo dependiera de nosotros.

Jordi Canals es director general del IESE

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