Bruselas rechaza el pacto de tarifas entre Telefónica y el Gobierno
La Comisión Europea ha confirmado hoy que ha enviado un dictamen motivado al Gobierno español para que permita "el reequilibrio" de las tarifas de la compañía Telefónica, según ha anunciado una portavoz del Ejecutivo comunitario.
Amelia Torres, portavoz del comisario europeo de Competencia, Mario Monti, ha asegurado que este reajuste "no deberá traducirse en un aumento de la factura telefónica para los usuarios".
España tiene ahora dos meses para responder a este dictamen, introducir modificaciones que permitan reequilibrar las tarifas telefónicas en todo el territorio nacional y crear una situación de competencia "sana", según un comunicado de la Comisión.
En caso contrario, la Comisión Europea denunciará a España ante el Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo.
El reequilibrio de tarifas consiste en "un aumento del abono, compensado con una reducción del precio de las llamadas", medida con la que se pretende fomentar la competencia y favorecer al consumidor, según la Comisión Europea.
"El reajuste beneficia al consumidor, ya que le ofrece más opciones, mejor calidad y precios competitivos", señala el comunicado.
En cuanto a los pequeños usuarios, el aumento del abono puede ser compensado por "una serie de tarifas especiales que tengan en cuenta sus niveles de ingresos o el limitado uso que hacen de su línea telefónica".
Una directiva (ley) comunitaria de 1990 obliga a los Estados miembros a que permitan a sus antiguos monopolios de telecomunicaciones poner en práctica este reequilibrio, para adaptar las tarifas a los costes y "terminar con las subvenciones cruzadas".
Este reequilibrio debería haberse logrado antes del 1 de enero del 2000 y la directiva exige que los países miembros de la UE comuniquen a Bruselas las medidas que han tomado para realizarlo.
Bruselas, que ya había enviado a España un primer dictamen motivado por el mismo caso el pasado mes de diciembre, sostiene que "la situación es inaceptable" debido a que desde principios de año se han liberalizado las llamadas locales en toda la UE, lo que debería traducirse en una reducción del coste de las llamadas telefónicas y del acceso a Internet.
"Las tarifas de Telefónica, operador obligatorio de telecomunicaciones en España, por el alquiler mensual de sus líneas telefónicas a sus clientes finales no coinciden todavía con sus costes subyacentes, y seguirá siendo así probablemente hasta principios de 2003", señala el comunicado del Ejecutivo comunitario.
Bruselas sostiene que sin ese reequilibrio puede darse la situación de que los competidores de Telefónica sean facturados por esta compañía a precios superiores a los de sus clientes.
"Si se cobra a los competidores de Teléfonica una cuota al por mayor superior a los alquileres de las líneas de detalle facturados a sus clientes finales, aquellos no podrán competir con el antiguo monopolio, especialmente respecto a los usuarios residenciales", añade el comunicado.
Esto provocaría, a juicio de los expertos comunitarios, que la elección para llamadas locales, acceso a Internet y toda la gama de telecomunicaciones a alta velocidad fuera "menos óptima", por lo que sería "difícil" a sus competidores hacer ofertas comerciales atractivas.
Los servicios de competencia de la Comisión Europea iniciaron una investigación en profundidad sobre el reajuste de tarifas de las telecomunicaciones en España después de la denuncia presentada por Telefónica en noviembre del 1998.
En dicha denuncia la compañía aseguraba que en 1999 el no haber podido cubrir los costes de acceso con los ingresos procedentes de los abonos y de las conexiones le había supuesto pérdidas de entre 250.000 y 300.000 millones de pesetas.
