La Agencia de Cooperación despedirá a la mitad de la plantilla
La espada de Damocles que se cernía sobre los trabajadores de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo cayó ayer. El organismo público presentará un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 46 de los 93 trabajadores, según comunicó la Dirección General de Cooperación a los empleados. La dotación del Gobierno catalán para la cooperación sufrió un drástico recorte en 2011, del 55%, respecto a la de 2010. Los trabajadores daban por hecho el ERE desde que se oficializó el tijeretazo en las partidas para solidaridad.
En opinión de José Antonio González, abogado del Colectivo Ronda que representa a la plantilla de la agencia, la Generalitat intenta "desmantelar" este organismo. "El hecho de tener menos ingresos sería válido para justificar el ERE si fuera una empresa privada. Pero se trata de una empresa pública, por lo que la caída de ingresos se debe únicamente a la decisión política de recortar el presupuesto", declaró González a la agencia Efe.
El despido de la mitad de los trabajadores puede ralentizar la tramitación de las subvenciones para ONG. Las entidades ya denunciaron en julio, cuando se concretó el recorte, la "muerte" de la solidaridad pública catalana. El plan de la Generalitat para cooperación prevé la participación de entidades privadas en proyectos sufragados por la agencia.
Misterio con los sueldos
El fuerte recorte en Cooperación no afecta a los directivos: la partida para sus sueldos se ha reducido el 24%, un porcentaje que se debe a la eliminación de un alto cargo. Los trabajadores de la agencia sospechan que hay directivos que se han subido la nómina. La única que es pública es la del director general de Cooperación, Carles Llorens, que percibe, como el resto de los altos cargos de su nivel, 80.589,54 euros.
Los sueldos del resto de la cúpula, renovada en parte con la llegada de CiU, son una incógnita. No se conoce con qué categoría y retribución están contratados porque no es obligatorio. Pese a que los sueldos son pagados con dinero público, las agencias no tienen la obligación de publicar los emolumentos de sus altos cargos. Los grupos de la oposición han insistido oralmente y por escrito en conocer la cuantía detallada de las nóminas de los directivos. Tras meses de espera, de momento solo han recibido la callada por respuesta.
