Suspendidas cinco obras en carreteras por el 'caso de los asfalteros'

La investigación judicial en torno al clan de los asfalteros tiene ya repercusiones sobre el terreno. El Ministerio de Fomento y la Diputación de Girona han dejado en el aire cinco adjudicaciones de obras en las provincias de Girona y Tarragona por su presunta vinculación a la trama corrupta de empresas constructoras que en los últimos años constituyeron un cartel para hacerse con obras públicas en Girona.

Los concursos fueron convocados por Abertis, a través de ACESA -concesionaria de la AP-7-, y por la Diputación de Girona. Las obras suspendidas por ACESA corresponden a ampliaciones de carril en la autopista a su paso por Girona y a la supresión de estaciones de peaje en la AP-2 (Banyeres del Penedès) y la AP-7 (El Vendrell y Tarragona). El total de esas licitaciones asciende a 17,3 millones de euros.

En el caso de la Diputación de Girona, la adjudicación ahora suspendida corresponde a unas obras en el tramo de la carretera GI-V-5223, a la altura de Beget, con un valor de licitación de 1,6 millones.Un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso señala que las conversaciones telefónicas entre los implicados revelan que en cuatro concursos ofertados por ACESA en 2010 hubo acuerdos fraudulentos. Los investigadores consideran que el apoderado de la empresa de Girona Construcciones Rubau, Xavier Esgleas, coordinaba el cartel. El informe señala, además, que un responsable de Dragados entró en contacto con Esgleas para participar en los pactos irregulares.

El pasado 1 de marzo, la Guardia Civil puso en conocimiento de ACESA las sospechas que penden sobre cuatro procesos de adjudicación. El director general de la concesionaria, Josep Lluís Giménez Sevilla, solicitó que se comunicase esa situación a los representantes de Fomento en las sociedades concesionarias de las autopistas de peaje, ya que "el procedimiento de adjudicación de los referidos concursos se encuentra en sus manos".

Un mes más tarde, el instituto armado remitió la información al Gobierno y reiteró que en esos cuatro concursos "puede haber existido la actuación concertada entre algunas de las empresas concurrentes, con la finalidad de determinar su adjudicación". El delegado del ministerio comunicó el 9 de marzo al juzgado de instrucción que había "acordado dejar en suspenso la aprobación de la adjudicación" de las obras, "mientras el juzgado no disponga otra cosa".

Los proyectos de ampliación de la AP-7 desde La Jonquera hasta Vila-seca se iniciaron en 2005. ACESA ha invertido en ellos 500 millones de euros. La paralización sine die de las obras supone un varapalo a la concesionaria: mientras no empiecen a circular vehículos por la autopista, no podrá comenzar a recuperar parte de la inversión. Las adjudicaciones sospechosas corresponden a la última fase de las obras de ampliación; en concreto, al asfaltado de las vías y a la instalación de las capas de rodadura, imprescindibles para que circulen los coches.

Además de los daños económicos, fuentes cercanas al caso alertan también del perjuicio que se causa los ciudadanos, porque "se paralizan obras de la puerta de entrada a Europa y de la principal arteria vial de Cataluña". Las mismas fuentes señalan que no hubo nada sospechoso en los concursos de Girona salvo, quizá, el reducido número de empresas que optaron a los concursos. Hace dos semanas, ACESA decidió personarse como parte perjudicada en el caso GISA, que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona.

La investigación de la trama corrupta se ha saldado hasta ahora con tres detenidos -uno de ellos, el gerente de Carreteras de la empresa pública GISA en Girona, Jordi Vergé- y 15 empresarios del sector del asfaltado de carreteras han declarado ante la Guardia Civil. La docena de empresas investigadas lograron adjudicarse 75 obras en carreteras de la provincia por un valor total de casi 300 millones de euros en 2009 y 2010.

La Guardia Civil también alertó a la Diputación de Girona sobre un expediente en el que dos de las empresas implicadas -Àrids Vilanna y Construccions Fusté- realizaron ofertas económicas casi idénticas, por un importe de 1,5 millones. Pocas horas más tarde, la Diputación atendió el requerimiento del instituto armado y adoptó "una medida provisional de suspensión de los trámites" hasta que "los hechos motiven su levantamiento, si cabe".

Además de los casos señalados, la Guardia Civil tiene constancia de que las empresas actuaron conjuntamente en cuatro concursos más de ACESA, todos en 2009, y de que solo en uno de ellos no consiguieron salirse con la suya.