La fiscalía abre una investigación por la extorsión de ETA a un industrial
El empresario recibió las cartas tras difundirse el listado protegido de Ibarra
El juicio contra el ex jefe de la Inspección Fiscal de Vizcaya derivó ayer en el terrorismo de ETA. La exhibición de cuatro cartas de extorsión por un industrial, que acudió como testigo a la sexta jornada de la vista en la Audiencia vizcaína, obligó a la fiscalía a decidir la apertura de una investigación sobre las amenazas de la organización terrorista.
"Esto me ha servido para recibir cartas de ETA tras aparecer mi nombre en la prensa", afirmó el empresario J. A. A., al referirse a su inclusión en el listado protegido de Juan Ramón Ibarra, a quien se le acusa de trato de favor a los contribuyentes de dicha lista desde su puesto de máximo responsable de vigilar el fraude fiscal en Vizcaya. El industrial, visiblemente nervioso y quien admitió que recibe tratamiento médico desde que se hizo público el listado protegido, relató que la primera carta venía a nombre del propio Juan Ramón Ibarra -ETA suele utilizar remitentes conocidos o que no despierten sospecha en el extorsionado para que éste abra la misiva- y las tres restantes, de un socio, una compañera de trabajo y su propia hija.
La fiscal replicó al industrial, quien no denunció el caso, que debe actuar por ley
José Luis Bilbao y su antecesor, Josu Bergara, declararán el 15 de febrero
- "¿Ha denunciado usted estas cartas?", preguntó la fiscal jefe, Carmen Adán.
- "No", respondió.
- "¿Y quiere denunciarlas ahora?", inquirió la represnetante del ministerio público.
- "No. No quiero que esto salga de aquí".
Pero la fiscal jefe informó al industrial que, por ley y tras tener un conocimiento de un delito, debe abrir de oficio una investigación. "No lo sabía. Nadie me había informado de ello", replicó, preocupado, el empresario, quien agregó que desde la aparición en la prensa del listado, a principios de 2004, ha tenido que realizar declaraciones confidenciales.
El hecho provocó la protesta de los abogados defensores y el requerimiento a la Fiscalía si iba a preguntar a otros testigos en la misma situación sobre cartas de extorsión de ETA. Una parte importante de los 170 contribuyentes de la lista protegida que mantenía Ibarra realizan declaraciones confidenciales al estar amenazado por los terroristas, uno de los argumentos aducidos por el principal imputado para incluirles en el listado.
"Si se traen cartas de ETA, no se pueden hacer oídos sordos. Es prueba de un delito", abundó la fiscal jefe.
El presidente del tribunal, Juan Pablo González, quien lamentó ante el testigo "las molestias causadas", rechazó la petición de las defensas de que los próximos testigos con declaraciones confidenciales presten su testimonio como protegidos y anunció la apertura de un procedimiento judicial por las cartas de extorsión.
Como en las anteriores jornadas, los empresarios que declararon ayer negaron cualquier trato de favor de Ibarra o Hacienda en sus declaraciones fiscales, en contra de lo que sostiene la fiscalía en su escrito de acusación.
Claudio Pérez es socio de Jamones Claudio y Jamones Belako, dos de las empresas del listado protegido de Ibarra. La fiscalía aseguró, en su acusación, que fueron inspeccionadas en 2001 por los impuestos de sociedades y e IVA de 1999, tras la denuncia de uno de los socios. Pero Ibarra, según el ministerio público, limitó la inspección "sin justificación a un solo ejercicio fiscal, lo que no se realizaba así en esa fecha y en esas propuestas concretas". Agregó que se aceptaron declaraciones complementarias y que Ibarra "dio la orden de que no se comprobasen".
El socio de estas dos empresas dijo no haber recibido "trato de favor" de Hacienda y que su asesor fue Iñaki González, también incluido en el listado protegido.
El juicio continuará hoy con el testimonio de más empresarios. La Sala ha fijado ya las declaraciones del actual diputado general, José Luis Bilbao, y su antecesor, Josu Bergara, no incluidas al inicio del juicio pero admitidas tras una solicitud de la defensa de Ibarra. Ambos acudirán a testificar el día 15 de febrero y deberán explicar las decisiones tomadas desde que se destapó el caso en 2003. La vista no se prolongará hasta marzo, como se pensaba, y su final está ahora previsto para el 25 de febrero, con las conclusiones e informes de cada parte.
"Mi asesor se quedaba con el dinero"
Los responsables de Talleres La Casilla, empresa del metal a la que Hacienda le condonó en 2001 el 95% de su deuda fiscal (le eximió de pagar 540.000 euros), también rechazaron ser beneficiados. Incluso se refirieron a "un trato de persecución" del fisco vizcaíno. Su asesor también era Iñaki González. "Nos dijo que estábamos perseguidos", declaró Alejandro Diaux, el administrador de la compañía. La empresa fue sometida en 2003 a otro plan de inspección de la Hacienda que terminó en delito fiscal y una condena penal en abril pasado. Tanto Alejandro Diaux como su hermano José Luis -médico de profesión, pero que en 2000 tuvo que hacerse cargo de la compañía tras una grave enfermedad de Alejandro- culpan de todo ello al asesor fiscal Iñaki González, a quien responsabilizan de no abonar a Hacienda el dinero ellos le entregaban para cumplir las obligaciones fiscales.
"González me dijo -relató José Luis Diaux- que había llegado a un acuerdo con Hacienda para pagar mensualmente unas cantidades. Yo le hacía unos pagarés pero él no pagaba a Hacienda. De 10 veces, se quedaría ocho con el dinero. Le pusimos una querella por estafa".
La enfermedad del administrador, según relataron, hizo que, además de los asuntos fiscales, encargaran al asesor fiscal los asuntos laborales y de gestión de Talleres La Casilla. "Me puso tres condiciones: el mantenimiento de los puestos de trabajo en la empresa, que se pagara religiosamente a Hacienda y que solo él tendría una relación directa con la Administración". Ibarra ha admitido sus vínculos con González, con quien comparte los valores religiosos y la afición a las artes marciales.
