La Audiencia Nacional avala las escuchas telefónicas en el 'caso Pretoria'
Los abogados de Luigi, Muñoz, Alavedra y Prenafeta pidieron la nulidad
La Audiencia Nacional ha avalado la instrucción del caso Pretoria de supuesta corrupción urbanística en el área metropolitana de Barcelona y la legalidad de las escuchas telefónicas a que fueron sometidos los principales imputados, dado que se basaban en detallados informes policiales y en la sospecha de delitos graves. El juez que instruyó el caso y autorizó las escuchas fue Baltasar Garzón hasta que lo apartaron del juzgado de la Audiencia Nacional por investigar los casos de las fosas el franquismo, informa Efe.
El tribunal desestima los recursos presentados por las defensas de los principales implicados en la trama de corrupción: el ex diputado socialista Luis García, Luigi; los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta y el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el ex socialista Bartomeu Muñoz. Las defensas de estos pidieron la nulidad de la investigación al considerar que las escuchas eran ilegales, dado que se disponía de métodos menos gravosos para investigar a los implicados. La intervención telefónica de los imputados fue avalada en junio pasado por el nueva juez instructor de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en una resolución que ahora ha vuelto a confirmar la Sección Cuarta de la sala de lo penal. La Audiencia Nacional razona que las escuchas cumplían los requisitos legales, dado que se acordaron en un procedimiento judicial, durante una investigación por delitos graves y amparadas por una adecuada motivación que se basaba en unos "detallados informes policiales" que después permitieron prorrogar la intervención telefónica.
El tribunal recuerda que esa medida fue considerada por el juez instructor "idónea y proporcional a las investigaciones policiales anteriores y coetáneas", dada la gravedad de los hechos.
El auto señala, además, que el hecho de que la Audiencia ordenara en mayo pasado levantar el secreto de sumario sobre el caso Pretoria, atendiendo a los recursos presentados por las defensas, no puede "extrapolarse" para decretar la nulidad de la instrucción desde sus inicios.
En la causa están imputadas 20 personas y todas se encuentran en libertad, en el caso de García y del ex alcalde Bartomeu Muñoz bajo fianza de 500.000 euros, mientras que Macià Alavedra y Lluís Prenafeta tuvieron que depositar 200.000 euros, si bien la cantidad inicial que les había impuesto Garzón fue de un millón.
