Gallardón cambia su estrategia y cederá en usufructo Mercamadrid
El alcalde aplaza la venta de las acciones a la empresa Madrid Espacios y Congresos y se asegura los casi 190 millones antes de 2011
Cuando el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, planeó a finales de noviembre vender su participación del 51% en Mercamadrid a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (MEyC) no solo pretendía asegurarse el ingreso de unos 190 millones de euros, sino hacerlo efectivo antes de fin de año. Para garantizarlo Gallardón ha decidido cambiar de estrategia: renunciar a la venta temporalmente y ceder su participación en usufructo. Con esta maniobra, Gallardón recibe prácticamente la misma cantidad de dinero, no necesita cambiar los estatutos de Mercamadrid y acelera los plazos, hasta el punto de que la operación podrá cerrarse en el próximo Consejo de Administración el 30 de diciembre.
El presidente de Mercasa advirtió del "riesgo" de la venta a los empresarios
Las prisas del alcalde por cerrar el trato vienen, principalmente, porque no hay dinero para pagar a sus proveedores que, en algunos casos, llevan 10 meses sin cobrar. Los casi 190 millones que MEyC ingresará al Ayuntamiento (previsiblemente antes de fin de año) por participar en los beneficios de Mercamadrid reducirán el periodo de pago, según dijo el alcalde, tres meses. Pero este no ha sido el único acicate.
Mercasa, la empresa estatal que posee el otro 48,6% del accionariado, planteó al Ayuntamiento unas condiciones para permitir la venta que el alcalde no tenía ninguna intención de aceptar.Las posibles pegas que podría plantear el socio del Ayuntamiento en Mercamadrid Mercasa, que cuenta un 48,6% de las acciones, también han empujado Gallardón a blindar la operación.
El alcalde necesita para la venta de su participación el apoyo de la empresa estatal -constituida por el Ministerio de Medio Ambiente y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- que tiene que permitir que se cambien los estatutos para que se pueda traspasar la titularidad de las acciones a la sociedad municipal.
Desde que Gallardón hizo pública su intención de vender Mercamadrid, Mercasa se mostró públicamente en "disposición de colaborar", pero también puso sus condiciones sobre la mesa
La empresa estatal condicionó la venta a que determinadas "decisiones clave", como la aprobación de cuentas, el nombramiento del presidente y del consejero delegado y la distribución de beneficios, fuesen fruto del consenso y no de la mayoría simple que se exige ahora.
Aunque el único objetivo de la exigencia, según fuentes de Mercasa, era "reforzar el carácter público" de la empresa y "no adquirir más poder como se ha insinuado", el Ayuntamiento, que no tenía ninguna intención de concedérselo, ha preferido apostar por el caballo ganador. Pero Mercasa también tiene otras preocupaciones y así se lo ha hecho saber a los empresarios del mayor mercado de abastos de España.
El presidente de la empresa estatal, Ignacio Cruz, se dirigió el martes con una carta a los propietarios de los puestos para, además de asegurarles que el carácter público de Mercamadrid "nunca ha estado en cuestión", advertirles "del riesgo que puede surgir" con la venta, si se tiene en cuenta que la finalidad de Madrid Espacios y Congresos, "no es la gestión de estructuras comerciales".
Muy previsor, el Ayuntamiento, único accionista de MEyC, decidió cambiar en el último Consejo de la empresa municipal del 29 de noviembre su objeto social. La modificación -que ya sugería que los responsables municipales podrían apostar por ceder los derechos económicos de las acciones aunque no la titularidad- incluye entre las actividades de MEyC "la administración, gestión, usufructo y enajenación sobre participantes de entidades mercantiles", lo que anula la advertencia de Cruz.
La decisión de Gallardón es una apuesta de mínimo riesgo. Por dos razones: la primera, porque los beneficios del Ayuntamiento serán prácticamente los mismos -unos cinco millones menos como máximo, según dijo el alcalde la semana pasada- lo que situaría los beneficios entre 185 y 190 millones antes de fin de año, y la segunda, y también importante, es que el alcalde no necesita pedir permiso.
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