El Puerto reclama más de 40 millones a la UTE que construyó el dique Este

La Autoridad Portuaria de Barcelona tiene previsto presentar hoy una demanda contra la unión temporal de empresas (UTE) Dique Este, a la que el Puerto acusa de defraudarle 40,7 millones de euros con facturas de material de construcción que supuestamente no se utilizó en la obra.

La UTE, integrada por las empresas FCC Construcción, Ferrovial Agroman, Copisa y Construcciones Rubau, se adjudicó los trabajos de ampliación del dique Este del puerto por un importe de 197,2 millones de euros y la obra se ejecutó entre septiembre de 2001 y finales de 2008. El presidente del Puerto cuando se inició la construcción era Joaquim Tosas, nombrado por el Gobierno de CiU y relevado por Joaquim Coello en 2004, tras la llegada de la izquierda a la Generalitat.

La reclamación podría paralizarse hasta que se resuelva la vía penal

Preguntadas por este diario sobre la demanda anunciada por el Puerto, las empresas que formaban parte de la UTE se negaron ayer a hacer declaraciones. El Consejo de Administración del Puerto decidió el pasado julio reclamar a la UTE la devolución inmediata de los 40,7 millones de euros (sin contar el IVA) que la institución considera que pagó de más por las obras. La Autoridad Portuaria ha decidido presentar la demanda al no obtener respuesta de UTE Dique Este a su requerimiento de devolución del dinero.

La demanda del Puerto se tramitará en un juzgado de primera instancia de Barcelona (vía civil) y al tiempo esos mismos hechos están siendo investigados desde hace unos días por el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad ( vía penal). El detonante de esta actuación judicial ha sido la investigación que ha realizado la fiscalía durante ocho meses tras recibir un informe de las presuntas irregularidades económicas procedente precisamente de la Autoridad Portuaria.

Ese solapamiento podría provocar una paralización del proceso civil a la espera de que se resuelva el penal, que se encuentra bajo secreto de sumario, por la prioridad procesal que se da a esta vía sobre la anterior. Fuentes judiciales explicaron, no obstante, que el Puerto, como perjudicado por el supuesto fraude, podría haber optado por la estrategia de reservarse el ejercicio de las acciones civiles en la vía penal e ir directamente a la vía civil para conseguir el resarcimiento del supuesto perjuicio económico. De ser así, las empresas demandadas podrían invocar en su defensa que mientras no se aclare el proceso penal y, por tanto, si se cometió o no el fraude, no están dispuestas a abonar ninguna cantidad. El secreto de sumario del juzgado de instrucción y el silencio de todas las partes implicadas hacen muy difícil prever el desenlace de ambos procesos judiciales.

Antes de acabar en el juzgado, la fiscalía abrió unas diligencias preliminares tras una comunicación remitida por la Agencia Tributaria sobre una red de presunto fraude fiscal con facturas falsas. La colaboración entre ambos organismos es muy estrecha desde hace años y así ha aflorado, entre otros casos, el saqueo del Palau de la Música de Barcelona.

Fuentes judiciales han explicado que el supuesto fraude podría involucrar a la sociedad Coterras, proveedora de piedra y material para la construcción del dique. Las sospechas de los investigadores de la Guardia Civil se centran en que una parte de las facturas que giró esta sociedad son falsas o no se corresponden con la venta de ningún material. En otros caso podría haber ocurrido que para el relleno del dique se empleasen menos toneladas de cemento, roca y tierra del que realmente detallan las facturas.

De esta manera se producía una sobrecertificación de material que habría permitido aumentar los ingresos a las empresas constructoras. Otra cosa distinta que también está investigando la Guardia Civil es adónde fue a parar realmente ese dinero de más y si no sirvió para otros destinos distintos al del beneficio económico de las empresas.

En un principio la Agencia Tributaria cuantificó el fraude en unos 15 millones de euros hace tan solo cinco meses. Entonces las pesquisas se centraron en la citada mercantil Coterras, una subcontratada, y se consideró que las constructoras eran ajenas al fraude, pero las pesquisas posteriores han puesto la lupa sobre estas grandes sociedades.

Las obras del dique Este comportaron la prolongación de esta zona en 2.170 metros. Según la previsión inicial, la obra requería, entre otro materiales, la colocación de casi medio millón de metros cúbicos de hormigón en bloques de 50 toneladas, como es habitual en este tipo de instalaciones. El dique tiene una profundidad de 25 metros bajo el mar.