Castellón cierra la comisión sobre Gürtel con discrepancias

El PSPV considera que ha existido un presunto trato de favor y de información privilegiada del Ayuntamiento de Castellón a las empresas Lubasa, Facsa y Piaf, que la policía relaciona con la supuesta financiación ilegal del PP. El PP asegura que no hay ninguna irregularidad en la relación contractual entre el Ayuntamiento y las empresas. Y el Bloc apunta que se ha certificado una deficiente gestión administrativa que merece un castigo político.

La comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Castellón para esclarecer si existen indicios de una supuesta financiación irregular del PP a cambio de adjudicaciones acabó ayer con sonoras discrepancias. Las conclusiones de los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento se han plasmado en dos dictámenes que se debatirán en el pleno. La única consideración común es precisamente la respuesta a la pregunta formulada a los dirigentes de las tres empresas, que aseguraron no haber aportado dinero al PP a cambio de obras. Únicamente el PSPV puntualizó esta afirmación ya que considera que los indicios sobre un supuesto de trato de favor tienen la "entidad suficiente para ser analizados en profundidad en otras instancias al margen del ámbito municipal en las que se pueda sustanciar la conexión con la investigación judicial abierta", tal como exponen en el dictamen que llevarán al pleno y que no será apoyado ni por el PP ni por el Bloc, cuyo concejal, Enric Nomdedéu, presidió la comisión de investigación.

Los dos dictámenes con las conclusiones serán objeto de debate en el pleno

Por su parte, el popular Juan José Pérez aseguró que, a su entender, tal como sostiene el dictamen redactado por la funcionaria encargada de la comisión, no hay irregularidades, ni indicios, ni nada. Eso pese a que se ha constatado la existencia de más de 25 millones de euros adjudicados sin contrato y que una de las empresas, Piaf, realizó servicios para el Ayuntamiento, y facturó por ellos, pese a que durante cerca de un año no existía relación contractual alguna con el consistorio.

El Bloc anunció que se abstendrá en el pleno porque no comparte todas las consideraciones planteadas por los socialistas pero tampoco puede ignorar un "volumen inaceptable" de facturas extracontractuales que "merecen un castigo político".