Narcís Serra deja la presidencia de la nueva Caixa Catalunya en noviembre

La nueva Caixa Catalunya, que ayer obtuvo la bendición de las asambleas generales de las tres cajas que la integrarán y que echará a andar como una sola entidad este julio, ha escogido la vía rápida para trabar su integración: pretende culminarla en noviembre, en lugar de agotar los dos años de plazo que da la ley catalana para casos de fusión. Este periodo será también el que permanecerá pilotando la nave el actual presidente de la mayor de las cajas y ex vicepresidente socialista, Narcís Serra. En noviembre, se va.

"Continuar no sería dar el mensaje adecuado", declaró anoche, en una sala de La Pedrera, el propio Serra, flanqueado por el que será el hombre fuerte de la nueva entidad, Adolf Todó, y convencido de que la fusión de Catalunya con Tarragona y Manresa es "una buena respuesta a la crisis". Con el ruido de fondo de cambios legales que pueden abrir las cajas al capital privado y que marcan una línea de despolitización, Narcís Serra, que ha permanecido cinco años en la segunda caja catalana, cederá el testigo a quien pacten las entidades fundadoras de la nueva caja: a la Diputación de Barcelona y a la de Tarragona les toca proponer nombres, que requieren de dos tercios de apoyo. El contrapeso de un presidente que no proceda de Catalunya es una opción. "La transición será compleja, son tres culturas distintas y sin mi presencia será una transición más fluida", admitió.

Serra dice que seguir como presidente no daría "el mensaje adecuado"

El director de Caixa Manresa defiende la fusión, pero salta del equipo directivo

En la nueva caja, aún sin nombre consensuado, el peso del sector público en los órganos de gobierno recula con la fusión del 50% al 43,75%, gracias a la presencia de Caixa Manresa, de menor tamaño pero la más saneada. En Cataluña, en las cajas que no son de fundación pública el peso no sobrepasa el 25%. Ayer, el consejero de Economía catalán, Antoni Castells, aprovechó el momento de las felicitaciones para defender "el modelo catalán de cajas, marcado por la autonomía, la independencia y el arraigo territorial de las entidades".

Adolf Todó avanzó que el nuevo organigrama directivo estará listo en un par de días. Como su previsible número dos se perfila su mano derecha, Jaume Massana. Y en su organigrama se sabe ya que no figurará el actual director general de Caixa Manresa, Feliu Formosa, que ha considerado este proyecto "la mejor opción de futuro" para la entidad, pero en el que no ha encontrado encaje profesional. Fuentes financieras apuntan el firme interés de La Caixa por ficharle para reforzar el negocio de banca de empresas.

El mayor proyecto de fusión español en curso en España, que suma activos de 81.024 millones de euros, ha requerido 1.250 millones al fondo público FROB. Los créditos a clientes ascienden a 62.088 millones y los recursos gestionados, a 70.009 millones. Su propósito es ser el 20% más productiva en 2015. Con el lastre que arrastra de ladrillo en su balance y una voluminosa cartera inmobiliaria, la entidad quiere afianzarse en "la banca minorista de proximidad, con conocimiento real del cliente", según un comunicado. Desde hoy, las tres cajas ofrecerán su primer depósito conjunto.

La dimensión no será la suma de tres: en una primera fase se cerrarán 395 oficinas. Por ahora se queda con 1.215. La fusión fue aprobada por unanimidad, aunque los sindicatos votaron contra la gestión.

También anoche el proyecto Unnim, suma de las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu, obtuvo el visto bueno de sus respectivas asambleas, y por unanimidad. Ambos procesos de fusión han sido asesorados por el bufete Garrigues, pero son muy distintos. La fase transitoria en este último caso agotará los dos años de plazo.

El presidente de la entidad, con casi 30.000 millones de activos, será Salvador Soley (Caixa Sabadell) y el director general hasta la asamblea de 2011, Enric Mata (Caixa Terrassa), que contará con dos adjuntos, Dídac Herrero (Manlleu) y Jordi Mestre (Sabadell y a la larga futuro director general). Esta fusión requerirá 380 millones de euros del FROB, que Unnim promete devolver en 3,5 años. El recorte de empleos asciende a 530 personas.