El Supremo ratifica la condena a tres mandos por las falsedades del Yak-42
El general Navarro podría esquivar el cumplimiento de sus tres años de cárcel
Por unanimidad, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó ayer confirmar en su integridad la sentencia dictada el pasado 16 de mayo por la Audiencia Nacional sobre uno de los aspectos más oscuros y dolorosos del caso Yak-42: la falsa identificación de los cadáveres de 30 de los 62 militares españoles que murieron cuando regresaban de cumplir su misión en Afganistán en 2003.
La decisión de los cinco magistrados convierte en firme una sentencia sin precedentes, que condena a tres años de cárcel al general de división Vicente Navarro y a 18 meses a los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez -como autor el primero y cómplices los últimos- de un delito de falsedad en documento oficial. A Navarro le sanciona además con 1.800 euros de multa y dos años de inhabilitación; mientras que a Ramírez y Sáez les impone 900 euros y un año de inhabilitación. Los tres deberán indemnizar a los herederos de cada uno de los 30 militares mal identificados con 10.000 euros. El Ministerio de Defensa será responsable civil subsidiario.
Los socialistas piden a Trillo que "no se esconda detrás de los uniformados"
El general Navarro, ya retirado, debería ingresar en prisión -al ser la pena superior a dos años-; pero es improbable que lo haga, según fuentes jurídicas, si solicita que se suspenda la aplicación del fallo mientras recurre al Constitucional o tramita un indulto. A su avanzada edad (casi 69 años) se suma su delicado estado de salud.
Los dos comandantes no irán a la cárcel, pero serán expulsados del Ejército, en aplicación de la Ley de la Carrera Militar, que prevé la pérdida de la condición de militar en caso de condena a pena de inhabilitación. No obstante, la ministra de Defensa podría rehabilitarlos, "atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido y siempre que se hubiese cumplido la pena", según la misma ley.
La sentencia ahora ratificada, de la que fue ponente el juez Javier Gómez Bermúdez, da por probado que Navarro atribuyó "de forma aleatoria" las identidades a los cadáveres sin identificar y que todas ellas "resultaron falsas". Navarro no se equivocó, sino que "actuó con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad", mientras que los dos comandantes omitieron en las necropsias las lesiones que "podían despertar dudas sobre el proceso de identificación".
El portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa del Congreso, Jesús Cuadrado, pidió al entonces ministro de Defensa y hoy diputado del PP, Federico Trillo-Figueroa, que "dé un paso al frente y asuma las responsabilidades que le tocan", en vez de "esconderse detrás de los uniformados". Trillo guardó silencio, mientras que la portavoz de su grupo en la Comisión de Defensa, Beatriz Rodríguez Salmones, aseguró que las responsabilidades políticas en este caso han sido "asumidas más que de sobra".
La Audiencia Nacional tiene previsto estudiar hoy los recursos de las familias de las víctimas del Yak-42 en el segundo proceso penal que se sigue por este caso, referido a la contratación del avión. Además de los cinco militares ya imputados -entre ellos, el jefe de la cúpula militar de la época-, las familias piden una veintena de imputaciones, incluida la de Trillo.
