CiU encargó sus campañas a las tres empresas que cobraron del Palau

La relación entre Convergència i Unió y las tres empresas que cobraron dos millones del Palau de la Música por trabajos injustificados es más profunda de lo admitido inicialmente por la federación nacionalista. Además de trabajar habitualmente con una de ellas, Stereo Rent, para la organización de actos electorales, la formación de Artur Mas encarga habitualmente sus masivos envíos de correspondencia electoral a las otras dos empresas bajo sospecha: Letter Graphic y New Letter, relacionadas societariamente entre ellas.

Letter Graphic y New Letter son empresas que se dedican a acciones de mercadotecnia y envío de publicidad. El Palau de la Música en época de Fèlix Millet les pagó 982.000 euros por trabajos que nunca efectuaron, según fuentes cercanas a la actual dirección del Palau. Por ejemplo, facturaron 146.000 euros por buzoneo, cuando un envío del Palau a sus socios cuesta en torno a 4.000 euros.

Estas empresas, que se niegan a dar explicaciones a los actuales gestores del Palau y no han respondido a las llamadas de este periódico, son las que trabajan habitualmente para los envíos electorales de Convergència i Unió, según admitieron ayer fuentes oficiales de la federación.

A modo de ejemplo, el envío de propaganda electoral de Convergència i Unió en las últimas elecciones, en 2006, costó 1,02 millones de euros. La federación nacionalista rechazó ayer que las sospechas de actuaciones irregulares de estas empresas en el Palau de la Música puedan salpicar al partido. "Se trata de empresas de mailing muy serias que, además de trabajar con nosotros, lo han hecho para la Generalitat y también para la federación del Maresme del PSC", insistieron estas fuentes a modo de justificación. Ello molestó a los socialistas catalanes, que insistieron en la completa legalidad de todos sus contratos.El PSC insistió en que no se puede comparar el precio de un envío masivo de un partido como CiU con el de una federación comarcal. Respecto a la relación del Partit dels Socialistes con Stereo Rent, otra de las compañías que se niega a colaborar con la investigación del Palau de la Música, el portavoz adjunto del partido en el Parlament, Joan Ferran, negó tajantemente cualquier irregularidad. "El PSC nunca ha trabajado directamente con esta empresa; en caso de haberlo hecho, ha sido de forma indirecta y porque la podría haber subcontratado sin nuestro conocimiento alguna de las empresas que trabaja para nosotros".

Fuentes del Gobierno catalán también insistieron en que la Generalitat firma sus contratos siguiendo todas las condiciones establecidas en la ley de contratos de la Administración pública.

Se hace difícil medir el alcance concreto de las relaciones entre las empresas y Convergència i Unió. El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el gasto electoral de los partidos en los comicios de 2006 revela que 10 proveedores de CiU no facilitaron al fiscalizador de la Generalitat las facturas que acreditaran sus trabajos para la campaña.

La Ley del Régimen Electoral General (Loreg) establece que las entidades financieras que hayan financiado una campaña y los proveedores que facturen más de 6.012,12 euros en la campaña por gastos electorales tienen que informar de ello al órgano de control externo correspondiente.

Por otra parte, la federación nacionalista mantiene en el Parlament una posición que está bloqueando la renovación de la Sindicatura de Cuentas. Cuatro de los miembros de este organismo acabaron la semana pasada su mandato legal al frente de este organismo, entre ellos su presidente, Joan Colom, y el síndico propuesto por CiU, Ernest Sena. La reunión de la Junta de Portavoces del Parlament abordó este martes el asunto, pero CiU ya avanzó que, por ahora, no piensa mover ficha y no dirá si quiere mantener a Sena o presentar un nuevo candidato. A la vista de la posición de CiU, el PSC optó por una actuación similar. El presidente del Parlament apremió a los partidos a ponerse de acuerdo en 15 días.

Fuentes de la dirección de CiU aseguraron ayer que no tienen voluntad de entorpecer nada y que sólo quieren esperar a que se apruebe la nueva ley de la Sindicatura. No hay garantías de que la ley se apruebe esta legislatura.

El tripartito ve en la posición de CiU el propósito de demorarlo todo y de intentar dejar la Sindicatura con un presidente en precario hasta las elecciones. Tras los comicios, CiU podría imponer un presidente afín si gana las elecciones y logra formar gobierno.

Con el retraso, CiU también consigue no tener que decir si quiere o no mantener en su puesto a Ernest Sena. Éste se encuentra en el punto de mira del tripartito porque en 2003, cuando era el máximo responsable del Instituto Catalán de Finanzas, concedió un crédito de un millón a una de las empresas vinculadas a la presunta financiación irregular de Unió Democràtica. Por ahora, el tripartito ha pedido la comparecencia del actual consejero delegado del ICF.