Claves contra la corrupción
A medida que nos acercamos al inicio de la salida de la crisis, están en primer plano los bajos índices de calidad democrática y transparencia del modelo español de crecimiento. La estructura del Estado autonómico es para algunos la de un Estado federal incompleto y en ese Estado carente de lo que se suele llamar federalismo cooperativo y gobierno multinivel nos hemos ido encontrando las sorpresas de que la suma de las autonomías no constituye del todo un Estado y que el nivel de competencia y de decencia de semejante modelo son democráticamente insuficientes para España.
Uno de los síntomas del déficit social, democrático, ambiental y de mercado es, entre otros, el del proceso de fusión de las cajas de ahorros, que repercute en todo. Sin embargo, no son menos importantes los problemas de la Justicia, el territorio, los servicios, aquellos que atañen a principios de equidad en el reparto de beneficios y cargas, es decir, a los derechos constitucionales. La financiación autonómica y los principios de solidaridad y cooperación no pueden obviar la perspectiva federalista, porque la autonómica todavía ofrece muestras de incompletitud y precariedad.
Realmente, lo que cambiará la fusión de cajas es el modelo de patriarcalismo compasivo: Un modelo disperso y local, poco democrático. La politización de las cajas de ahorros es consecuencia de su origen, de su insuficiencia competitiva y su gran fragmentación, que las debilita y hace opacas. Efectos que tienen su origen en la perpetuación de los localismos basados en la noción del territorio entendido como fortaleza, en lugar de cómo ágora o espacio global. Por eso, la fusión del modelo español del mercado interior de servicios es más lenta que en Europa. También la crucial reforma del mercado de suelo sigue estancada, sin la necesaria igualdad y transparencia reglamentaria a nivel local y autonómico, a que está obligada por la legislación refundida de la Ley 2/2008, que sigue parada.
Cuando en estos días se clama contra la corrupción, además de prevención, se debe contar con reformas estructurales, como son las que pasan por restablecer principios jurídicos básicos. En otro caso, ni se comprende el papel del territorio en España, ni se puede pensar en la transparencia de la unidad de mercado, que debería promover la decencia y competitividad de la economía española. Cuestiones como energía, competencia, telecomunicaciones y mercado de valores tienen Comisiones Nacionales que las regulan, pero los principios básicos y valores generales del derecho precisan protección e igualdad global.
La ética nacional de nuestro sistema constitucional es inalcanzable si sigue produciéndose el engrudo local de la corrupción legalizada en los modelos ambientales y económicos generales. Hay que dar amparo a la igualdad jurídica y la transparencia, principios acosados siempre por la definición parcial o interesada del "interés público" o los "intereses generales", esgrimidas por parte de unos pocos corruptos. La corrupción florece porque no estamos consiguiendo enmarcar las escalas jurisprudenciales de nuestros patrones de crecimiento en condiciones de igualdad en sectores clave: Ambientales, financieros, educativos, mercados de suelo y de servicios. La falta de ejemplaridad pública, de transparencia, la fragmentación localista y la legislación adocenada son las causas de que la corrupción local repunte. Si no sabemos hacerles frente, persistirá el clientelismo localista y caciquil o en mercados asentados sobre legislaciones, barreras y antiguallas inmobiliarias, financiadas con dinero local políticamente clientelar o irregular. Sin aplicar al suelo el principio jurídico del desarrollo sostenible jamás seremos competitivos.
España necesita una llamada general a la ética secularizada de la ciudadanía. Ética laica y de valores morales que incluya excelencia, competencia, tolerancia y respeto a la diversidad en la democracia. Valores que deben ser equivalentes en todas partes y que necesitan de una profunda transición hacia la transparencia desde el turbio escenario localista actual.
Estamos ante el inicio de un ciclo. Fusionar imaginativamente quiere decir aumentar el poder de participación y transparencia de las instituciones ambientales, económicas, educativas, financieras urbanísticas y de servicios. Necesitamos acabar con muchas prerrogativas y con el poder mediático de algunos indecentes que avergüenzan la moral pública de este Estado y sus valores de futuro.
Carlos Hernández Pezzi es arquitecto.
