Margarita Uria espera que la renovación del Superior se haga "con normalidad"

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uría confía en que la pendiente renovación en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco "se resuelva con normalidad" en una nueva convocatoria de candidatos. En el primer proceso para cubrir el cargo, celebrado en marzo, ninguno de los candidatos logró los apoyos necesarios -se requiere el voto favorable de 13 de los 21 miembros del órgano de gobierno de los jueces-, por lo que se necesita uno nuevo que podría convocarse, dijo, en el pleno del CGPJ de julio o, más probablemente, en septiembre, ya que agosto en un mes inhábil. En este caso, los plazos establecidos retrasarían hasta entrado el otoño el procedimiento para la renovación de Fernando Ruiz Piñeiro al frente del Superior o su sustitución por otro magistrado.

La vocal del CGPJ elegida a propuesta del PNV, que participó en una conferencia organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco en Bilbao, manifestó su confianza en que la cobertura de la presidencia se produzca normalmente, ya sea como fruto de la "negociación" paralela que se produzca entre los distintos sectores del consejo para renovar otros tribunales superiores, audiencias provinciales o salas del Supremo Salas, o con la presentación de un candidato diferente que suscite un mayor consenso. Los tres seleccionados finalmente en marzo -el actual presidente, Fernando Ruiz Piñeiro, miembro de la APM, vetado por el PNV a raíz de los procesos contra Atutxa y el lehendakari Ibarretxe y Patxi López por hablar con dirigenes de Batasuna durante el último alto el fuego de ETA, y los progresistas María Victoria Cinto, presidenta de la Audiencia de Guipúzcoa y Jaime Tapia, magistrado de la Audiencia de Alava-, no alcanzaron la mayoría requerida.

Descentralización

Por otro lado, Uría defendió en su conferencia la necesidad de descentralizar la Administación de Justicia para hacerla más cercana al ciudadano, aunque consideró que ni el Gobierno cetnral ni el Congreso tienen previsto realizar dicha reforma a corto o medio plazo. Considera la vocal del CGPJ que "si el servicio público de la Justicia fuese más cercano y pudiese ser gobernado por las comunidades autónomas, desde luego que los ciudadanos lo notarían y la Justicia mejoraría sensiblemente". Sin embargo, precisó que para avanzar en la descentralización "habría que desatar muchísimos nudos y desactivar muchísimas minas", que, según destacó, no vienen de la Constitución.