Territorio de promisión para 'raves'

"Después de esta barbaridad, igual cambia todo". Lo teme alguien vinculado al mundo raver, que es como en argot nocturno se conoce a los asistentes y organizadores de raves, unas fiestas ilegales de música electrónica juvenil más que dura en las que se okupa un espacio y se utiliza para bailar. Con "barbaridad" se refiere a lo acaecido en la antigua base en Buñol de la cementera Cemex, que acabó sirviendo como inmensa pista de baile para 5.000 personas durante tres días. La denuncia de Cemex ante la Guardia Civil de algo que empezó la noche de fin de año convirtió la rave en una infracción penal por la ocupación ilegal de una propiedad privada.

Es posible que tras el bombo de lo de Nochevieja esa euforia se detenga. Sin embargo, es bastante absurdo plantearse a quién va a culparse de esa fiesta. Entre otras cosas, porque su pauta fue muy singular. Si bien empezó como una alianza de colectivos valencianos dedicados a la organización de raves y de veladas tecno, éstos desaparecieron del mapa el segundo día. Entonces quedaron en la fábrica toda una larga serie de travellers -viajeros hedonistas mitad hippies, mitad punks- llegados de toda Europa con sound systems -equipos de sonido- propios. Habían estado en una rave de Granada que no había salido demasiado bien, se habían enterado de que había "una movida" en Valencia, y hasta aquí se acercaron. Italianos, franceses, portugueses, checos, se mezclaron con ravers catalanes y de otros orígenes. Según instauraron en su momento colectivo ingleses como Spiral Tribe, los travellers nómadas buscan fiestas rave sin fin para alargarlas todo lo imaginable.

Sobre todo, desde que Francia, copiando un modelo de persecución inglés, impulsó una ley anti-rave que facultaba a los agentes del orden a entrar en cualquier parte, a pedir autorización administrativa a cualquiera que monte reuniones con música y a precintar los equipos de sonido. Muchos franceses se escaparon a Cataluña para montar sus fiestas de manera regular. Sin embargo, en la Nochevieja de 2007, un joven venido de Francia murió atropellado en las inmediaciones de una rave en El Vallés Occidental.

El escándalo fue monumental, ya que la fiesta respondía al concepto traveller de rave de varios días y hasta 36 de esas fiestas se habían celebrado ese año en todo El Vallés. Meses después, el Gobierno catalán aprobó el proyecto de nueva ley de espectáculos que regula el movimiento rave, exigiendo solicitudes a los organizadores -que deberán identificarse-, decidiendo si se autorizan o no, y facultando a los Mossos d'Esquadra a llevarse equipos de sonido en cuanto lo crean conveniente.

"En Valencia, esto de llevarse equipos ha sucedido sólo una vez", explica alguien del entorno raver, "lo normal es que si no hay denuncia, no suceda nada". "Digamos que depende del humor que se gasten ese día las fuerzas del orden", precisa. Las raves valencianas no suelen ir más allá de las 24 horas de duración, y la denuncia contra ellas no suele producirse (se acaba antes de que haya demasiada publicidad). Muchos colectivos están muy atentos a no incidir negativamente sobre el entorno, ya que esto podría traerles problemas legales. "Todo es ilegal", dice la fuente raver, "pero aquí hay permisividad, esto es cierto". Quizá porque las raves en antiguas ermitas, en playas, en instalaciones fabriles en desuso, no suelen congregar normalmente a más de 600 o 1.000 personas (a veces muchas menos). Lo de esta Nochevieja se ha salido de madre. Diferentes páginas web internacionales de ascendencia raver han puesto a Valencia en el mapa de las fiestas, sugiriendo su idoneidad.

Montar un sound system no es difícil, siempre que se cuente con un generador. Las drogas comunes en raves son speed, ketamina, cristal, setas alucinógenas y porros. En teoría, la entrada a estas celebraciones es gratis, pero se da la venta de alcohol -aunque nunca cuando se da una inspección policial-, ya que es lo que proporciona algo de dinero. Muchos utilizan las raves para promocionarse dentro del ambiente de organización de fiestas. "Es un fenómeno que está en los márgenes de lo que es o no legítimo", explica el letrado Sergio Martín, con experiencia en temas relacionados con el ocio de la noche.

"Por una parte, si no se cobra entrada o por la bebida, todo el mundo tiene derecho a reunirse, y eso lo saben bien los organizadores", explica. "Por otra, ese ejercicio no puede conculcar el del resto de personas, y eso sucede con el ruido, con el impacto sobre el paisaje, etcétera". "Aparte, hay que ver si se está haciendo botellón, y la verdad es que si no hay una autorización municipal para la celebración", explica, "estaríamos ante un problema de orden público, y se podría desmontar el equipo de música policialmente". Sin embargo, es la denuncia lo que activa la intervención. Y ésta suele ir encaminada más a la dispersión paulatina de la fiesta.