Una vida entre polvo y ruidos

El polvo desciende de las montañas y cubre el pueblo, "sobre todo en verano, cuando hay viento de levante o de llebeig (de suroeste)", describe un vecino, quien también denuncia "las vibraciones en los edificios y el ruido de las explosiones de rocas y del tráfico pesado". Estas son las consecuencias de la extracción de áridos que se realiza en una cantera ubicada a apenas 400 metros del casco urbano de L'Atzúvia, y que desde hace tiempo amarga la vida a los habitantes de esta población.

Paradójicamente, la explotación se encuentra en término de Pego, cuyo Ayuntamiento es el que le ha otorgado autorización, pero ya en el límite con L'Atzúvia, que realmente sufre sus efectos. Según el grupo ecologista Gelibre, esta actividad industrial se halla plagada de irregularidades, pues se realiza en el área de amortiguación de impactos establecida desde 2004 por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural del Marjal de Pego-Oliva, que prohíbe las extracciones de áridos y todas aquellas actuaciones que supongan un gran impacto paisajístico.

Los ecologistas dicen que invade el área de protección del marjal de Pego

La cantera contaba con autorización desde 1963, si bien para actuar con un único molino de trituración. Sin embargo, el Ayuntamiento de Pego concedió a la mercantil una nueva licencia en septiembre de 2007, cuando ya se encontraba en vigor el PORN del marjal, para permitirle utilizar al menos dos nuevos molinos, que han aumentado el volumen de la extracción y han obligado a incrementar el tráfico pesado que rueda en el entorno de L'Atzúvia, con el consiguiente malestar de los vecinos. Gelibre ha exigido al gobierno de Pego la revocación de esa licencia, al considerar que autoriza una "modificación sustancial" de la actividad sin contar con la evaluación de impacto medioambiental ni con la autorización ambiental integrada tal y como exige la ley.

Los ecologistas subrayan además que los molinos trituradores se hallan a más altura de la que permite el Plan General de Pego y que la normativa legal también prohíbe que una actividad de estas características se encuentre a menos de 500 metros de una zona habitada. "La primera casa de L'Atzúvia está a tan solo 410 metros, lo que da una idea del impacto provocado en el núcleo urbano", advierten.

Los ayuntamientos implicados están poco dispuestos a actuar. Fuentes de L'Atzúvia indican que con la modernización de la planta se ha reducido el riesgo de contaminación atmosférica, pero alegará contra la hormigonera. Esta alegación ya se tramita ante el Consistorio de Pego, según confirmó el alcalde de esta población, Carmelo Ortolà, quien señaló que se aplicará la normativa medioambiental vigente si llega a instalarse.