El Gobierno destina 17 millones para proteger los juzgados y a los jueces

Cuando tomó posesión como juez el 13 de julio de 2007, Izaskun Jaca no podía imaginarse el significado tan real del ruego enfático formulado ese mismo día por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: "El País Vasco es el único lugar de España y de Europa en el que el colectivo judicial en su conjunto debe disponer de medidas personales de seguridad". Por ello, Fernando Ruiz Piñeiro les aconsejó "encarecidamente" que las adoptaran.

ETA mantiene a la judicatura en su punto de mira. Y su obsesión con los palacios de justicia -desde noviembre del año pasado los terroristas han atacado cuatro juzgados en Euskadi- no ha cesado desde el fin oficial del alto el fuego permanente, el 5 de junio de 2007. Izaskun llegó en verano a su plaza en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Bergara. Y ETA lo voló unos pocos meses después, el 8 de febrero pasado. Fue entonces cuando Izaskun vio muy de cerca el primer zarpazo etarra del que le habló en su día el presidente del Tribunal Superior. Junto a ella, otros siete jueces tomaron posesión ese verano de su puesto en Bergara, Eibar, Irun, Durango y Balmaseda.

Algunos magistrados alertan del "relajo" en la seguridad de varios de sus colegas

Las partidas de Interior y Justicia para protección crecerán en 2009

La ofensiva de ETA contra la judicatura vasca -el último atentado contra los juzgados vascos se produjo a principios de octubre en los de Tolosa- obliga anualmente al Ejecutivo autonómico a destinar millones de euros en protección. Los presupuestos previstos por las consejerías de Interior y Justicia para el próximo año incluyen dos partidas diferenciadas. La de Interior, destinada a proporcionar escoltas a jueces y fiscales que trabajan en la comunidad autónoma, sumará unos 12,5 millones de euros, lo que suponer un crecimiento de medio millón de euros frente a este año. En Euskadi hay unos 200 jueces y algo menos de 90 fiscales, según datos oficiales.

La partida del Departamento de Justicia para protección en 2009 de sedes judiciales y los centros de menores -ETA ya atentó contra el centro cerrado de Zumarraga en febrero de 2001, causando daños por valor de 2,5 millones de euros-, se eleva a 4,7 millones. Supone un crecimiento del 8% frente al ejercicio que ahora vence, que fue de 4,39 millones. La parte más importante -"más del 90%", según precisaron portavoces de la consejería que dirige Joseba Azkarraga- está dirigida a la seguridad de las sedes judiciales. En total, los dos departamentos destinan más de 17 millones de euros a este fin.

Hay cierta preocupación entre los jueces más concienciados por el "relajo" de algunos de sus colegas en materia de seguridad. "José María Lidón pensaba que la amenaza de ETA contra la judicatura no iba con él", recuerda un juez en activo. "Creía que era cosa de algunos jueces que reiteradamente aparecíamos en los papeles de ETA. Los terroristas lo asesinaron en 2001 cuando salía de su casa en Algorta, pese a que no había aparecido como objetivo de ningún comando. Y la policía nos sigue diciendo que los objetivos prioritarios somos los jueces y los policías", recalca el mismo juez.

Tras la cita mantenida el pasado 15 de octubre entre la cúpula judicial y representantes de Justicia, los jueces, con Piñeiro a la cabeza, están a la espera de una reunión a tres bandas con Justicia e Interior para profundizar en las medidas de seguridad.