El fiscal acusa a Farreres de delinquir por militancia y amistad
El ex consejero insiste en la intención política del juicio
Visto para sentencia. El juicio por prevaricación, malversación y falsedad contra el ex consejero de Trabajo de la época de CiU Ignasi Farreres concluyó ayer en la Audiencia de Barcelona con los informes al tribunal. El fiscal Fernando Rodríguez Rey reclamó de la Sección Décima una condena para Farreres, con el fin de que ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones, y recordó que lo que se estaba celebrando era "un juicio penal, no político".
En opinión de la fiscalía, Farreres y el secretario general del departamento en aquella época, Josep Maria Servitje, impulsaron la contratación de informes, participaron en su tramitación, fueron los destinatarios y eligieron a las personas que los redactarían. Los ocho informes costaron a las arcas públicas 46.158 euros y se demostró que eran burdas copias de jurisprudencia o normas, en algún caso derogadas.
El beneficiario de los estudios realizados en 1994 y 1995 fue Víctor Manuel Lorenzo Acuña, también militante de Unió. Según la fiscalía, Farreres y Servitje le encargaron esos informes por amistad con él, por solidaridad de militancia política, por un vínculo personal intenso y por la relación con Fecea, la extinta fundación de Unió, para la que en realidad trabajaban los empleados de Gestumer y Socesca, las empresas de Acuña que facturaron a Trabajo.
El fiscal también se mostró contundente cuando dijo que "cargar el muerto a los muertos puede tener cierta estrategia defensiva, pero es poco eficiente", en alusión a la declaración exculpatoria que hicieron Farreres y Servitje al aludir a dos fallecidos como los responsables del encargo de los informes.
Pablo Molins, defensor de Farreres, utilizó un tono agrio en su informe, hasta el punto de cuestionar "la imparcialidad o apariencia" de la fiscalía. En otro momento de exceso verbal, afirmó que si los informes no hubieran aparecido, se estaría pidiendo la pena de muerte para su cliente y cargó contra el actual Gobierno de la Generalitat por ejercer la acusación en este caso y cuestionar la época de Jordi Pujol, que, en su opinión, fue mejor que la presente. Molins es militante de Convergència y hermano del ex consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat Joaquim Molins.
Xavier Rotllan, el abogado de la acción popular, que fue expulsado de Unió por pertenecer al sector crítico, dijo que nadie se cree que los acusados acaben en la cárcel, por lo que pidió al tribunal que no le tiemblen las piernas. "Ustedes son la última esperanza. No decepcionen al pueblo de Cataluña", pidió.
La abogada de la Generalitat, por su parte, se esforzó en justificar su rebaja en la pena de cárcel para Farreres y Servitje de seis años a 22 meses de cárcel, afirmando que "la jurisprudencia evoluciona". Y el abogado de ICV, Vladimir Blanes, dijo que los estudios sólo fueron una excusa para cumplimentar un expediente administrativo y poder facturar.
Ignasi Farreres hizo uso del último turno de palabra para insistir en que el juicio es "una operación con intencionalidad de erosión política". Después añadió que no culpa a la justicia, pero acabó pidiendo a los jueces "que tengan la clarividencia de hacer un veredicto justo".
