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Columna
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Ignoracia supina

Alguno de mis amigos de los que me leen, que no son mayoría, empieza a reprocharme que dedique mis últimos artículos a opinar sobre algunos comportamientos de los jueces que entiendo corporativistas, aunque se vistan del deseo de una mejor atención al servicio público. Lo cierto es que para evitar estos reproches me había prometido a dejar pasar un tiempo, olvidarme de la guerra de las galaxias judicial, de paros encubiertos y hasta de que se quiere llamar el espíritu del 21 de octubre. Un espíritu del que huyo como de la peste por la confusión que puede provocar con el espíritu nacional o el espíritu santo, como formas de hacer política y la justicia termine donde estaba antes de la transición. No obstante, como las decisiones no se graban en piedra y cabe rectificar, porque la realidad lo impone, voy a continuar con algunos comentarios.

Esta semana, en uno de los atracos que padece Sevilla como cualquier otra ciudad española de estas características, un atracador ha resultado muerto a tiros del policía al que había herido de gravedad previamente, y que se encontraba de compras en un supermercado. Este atracador fue detenido el pasado verano en un intento de robo; se le encontraron en su casa seis escopetas, un rifle, una pistola y munición. El juez no decidió su ingreso en prisión. Tras el tiroteo con el policía, la policía pide explicaciones y se elevan quejas. Sería conveniente no identificar, como se está haciendo inconsciente o interesadamente, este caso con la libertad del presunto asesino de la niña Mari Luz -la policía no lo está haciendo-. No tienen nada que ver. Y si se identifican, como se lee en algunas opiniones, se está cometiendo un disparate de tal calado que sólo la mala voluntad o la ignorancia más supina puede calificar a quienes lo hacen. Tan mala es una como otra.

Conformar y ayudar a formar la opinión pública a partir de la incultura y del desconocimiento o con intenciones contrarias a la rectitud es como califico algunas de estas opiniones. Un mínimo de sensatez y un mínimo de conocimientos del Estado de Derecho no pueden identificar ambos sucesos. Es verdad que la Justicia, su administración, no está a la altura que le corresponde en una democracia. Que un arreglito de cara le vendría bien. Que con o sin este arreglito, los jueces deberían asumir que son los responsables máximos de sus juzgados. Que no lo son los secretarios judiciales ni el personal administrativo, que lo serán pero en plano distinto. Es más, se puede decir que, tal como enseñan los temas de oposición, las personas somos falibles porque los errores son consustanciales a la persona, incluso aunque hayas ganado las oposiciones a juez. Errores hay. La justicia también los comete. En Andalucía lo mismo se roba un sumario que se mantiene en libertad a un detenido que no había vuelto a prisión tras un fin de semana, y mata a una turista en el barrio de Santa Cruz para robar un bolso (junio de 1998).

Son decisiones que no son iguales unas a otras. Circunstancias de todo tipo las hacen diferentes. Pues bien, a pesar de que cada cosa y cada caso son distintos, algunas opiniones van por el camino de identificar unos y otros para extraer la conclusión que el Gobierno y sus secuaces persiguen a los jueces y respecto de otros hace la vista gorda. Extender esta opinión, amén del daño que hace al bastante cascado prestigio judicial, sólo sirve para que los fanáticos tomen estas ideas y las repitan sin pensar. Sin pensar, sí. El que piense, es más probable que entienda que dejar en libertad a una persona que es titular de permiso de armas que le habilita para poseer seis escopetas y un rifle y licencia para cazar; que carece de antecedentes y el robo por el que se le detuvo a no dan para más de dos años, no es igual a quien ha sido ya condenado en juicio con todas las garantías y tenía que ingresar en prisión.

Lo natural, en razón, es que uno estuviera en la calle y el otro en prisión. Así de sencillo.

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