El 'agujero' por donde huyó Rodríguez Menéndez

La policía tiene, desde hace más de 20 años, un agujero en su red de seguridad. Un agujero que fue el que utilizó el abogado Emilio Rodríguez Menéndez para proveerse de un pasaporte y huir de España aprovechando que el juez de Vigilancia Penitenciaria de A Coruña le había concedido un permiso de cuatro días fuera de los muros de la prisión de Texeiro, donde cumplía condena. Ese boquete es el que hace que la policía no esté interconectada con las bases de datos del Ministerio de Justicia ni de Instituciones Penitenciarias, por lo que no pudo constatar que el polémico abogado está penado y que su libertad era sólo temporal.

Rodríguez Menéndez, condenado a más de 10 años de prisión, salió en libertad el pasado 18 de agosto gracias a un permiso que le dio el juez Javier San Claudio Piñón. Instituciones Penitenciarias se oponía a darle ese privilegio porque consideraba que había un altísimo riesgo de fuga: temía que el recluso aprovechara la ocasión para evadirse. Pero el magistrado creyó que el reo merecía un voto de confianza y, en uso de sus atribuciones, firmó la orden para que se le dejase libre durante 76 horas.

El PSOE y el PP se acusan mutuamente de no haber reformado las normas que dejaban a ciegas a la policía

Los funcionarios del área de Documentación tendrán acceso ahora al fichero de Instituciones Penitenciarias

Al día siguiente, el letrado fue a la comisaría de la calle de Santa Engracia de Madrid y obtuvo, sin problemas, un pasaporte con el que pasó a Francia para desde allí volar a Paraguay, siendo finalmente capturado el pasado día 9 en Buenos Aires (Argentina).

El polémico letrado contó con la ayuda de una funcionaria del Ministerio de Interior -actualmente de baja- que supuestamente trabajaba de forma esporádica con el bufete de Rodríguez Menéndez. Esta mujer estuvo años atrás destinada en la oficina de expedición de pasaportes de una comisaría del distrito de Madrid.

La funcionaria sabía cómo marchaban las cosas. Sabía que en la oficina de Santa Engracia sólo se atiende a los ciudadanos que tienen una cita previa para renovar sus documentos. Pero sabía también que, en caso de fallar uno de los citados, su hueco puede ser cubierto por una de las personas que estuvieran allí sin cita previa. Al comprobar que habían fallado algunos de los citados, ella y Rodríguez Menéndez ocuparon rápidamente un asiento frente al funcionario que en ese momento estaba desocupado. Las cámaras de seguridad grabaron la escena.

"¿Ha traído su DNI en vigor y una fotografía?", preguntó.

"Sí, claro. Aquí lo tengo. Aquí está el carné de identidad... Y aquí está la foto", respondió el abogado.

El funcionario tecleó en el ordenador el nombre de Emilio Rodríguez Menéndez: consultó las bases de datos y vio que no había ninguna indicación que le impidiera expedir el documento al solicitante. Éste es muy conocido no sólo por haber sido defensor de La Dulce Neus y El Dioni, sino también porque en mayo de 2006 protagonizó una rocambolesca fuga del aeropuerto de Lisboa, tras ser sorprendido con documentación falsa, y porque unas horas más tarde fue capturado en Fuentes de Oñoro (Salamanca).

El funcionario de la comisaría de Santa Engracia también reconoció al famoso abogado, según fuentes de la investigación. Y como el funcionario sabía que estaba preso y encausado, volvió a teclear en el ordenador. Quería cerciorarse de que no había ninguna directriz judicial que prohibiera su salida del territorio nacional ni ninguna orden de busca y captura (datos éstos que sí habrían figurado en las bases de datos del Ministerio del Interior). Y no había nada. Así que el letrado pagó las tasas correspondientes y se marchó satisfecho. La operación le había salido redonda. Sin el menor tropiezo.

Nada debía inquietar al polémico abogado, porque, en vez de marcharse a toda prisa al extranjero, aguardó hasta el 20 de agosto para tomar un tren a Barcelona y desde allí seguir viaje por carretera hasta Toulouse (Francia), acompañado de su esposa, Vanesa Palomar. Era el inicio de una escapada que le llevó a São Paulo (Brasil), Paraguay y, finalmente, Buenos Aires (Argentina), donde fue detenido el pasado día 9 por policías argentinos gracias a las investigaciones de la Comisaría General de Policía Judicial española.

El escándalo -político y social- estalló nada más conocerse que el popular jurista no se había reintegrado a la prisión de Texeiro aprovechando un permiso penitenciario. Y, además, las primeras investigaciones de la policía ya apuntaban a que se había largado de España, probablemente en dirección a Suramérica. Para colmo de males, lo había hecho llevando en el bolsillo un flamante pasaporte que le había sido expedido por la propia Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. Abracadabrante.

Ignacio Cosidó, diputado del Partido Popular, interpeló en el Congreso al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba: "¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para poner fin a esta situación de descoordinación, para que nunca más puedan repetirse casos tan tristes y escandalosos como el de la fuga de este prófugo?".

El ministro respondió al parlamentario del PP: "Ya sé que ustedes no tienen por qué hablar del Poder Judicial, ni es nuestra misión criticarlo, pero es verdad que aquí hay dos sucesos distintos: uno, especialmente grave, porque es cuando [Rodríguez Menéndez] sale de la cárcel; el otro es instrumental. Pero lo gordo, gordo, es el primero, y de eso ustedes no quieren hablar. (...) Convendría quizás fijarse en quién le dio el permiso y por qué".

El ministro prosiguió: "No sé qué ha pasado en el Ministerio del Interior. No sé por qué en 1985, cuando se quitó el certificado de penales, no se modificaron los procedimientos, ni por qué se dejó de hacer después del Código Penal, ni por qué no se hizo después de 1999. Ni siquiera por qué ustedes, cuando decidieron cómo se daba el pasaporte, no arreglaron esto. No lo sé. Por tanto, puestos a buscar responsabilidades políticas van a tener ustedes que ir muy lejos. A mí, lo único que me importa es que no pase nunca más, y eso le garantizo que va a ser así". Y Rubalcaba concluyó: "He ordenado al secretario de Estado [de Seguridad] que permita que aquellos policías que tienen como misión dar los DNI y los pasaportes puedan entrar en la base de datos de Instituciones Penitenciarias", dependiente del propio Ministerio del Interior. Eso se hará realidad dentro de varias semanas, según un portavoz del departamento.

Ahí está el quid de la cuestión: el Gobierno decidió en 1985 que los ciudadanos no tenían por qué presentar su certificado de antecedentes penales como requisito previo para que les fuera expedido el pasaporte. Lo hizo pensando que el ciudadano no tiene por qué demostrar que está limpio, sino que debería ser el Estado quien probase lo contrario.

Más de un mando policial ya advirtió entonces de que esa decisión podría acarrear algunos problemas. Por eso el Ministerio de Justicia se comprometió a crear un enlace informático que permitiera a la policía saber si un solicitante estaba penado o si tenía causas pendientes, según fuentes policiales. Una portavoz de Justicia asegura ahora que en este departamento no hay constancia de tal compromiso, por lo que hoy -23 años después de la decisión gubernativa que eliminó la obligatoriedad de presentar el certificado de antecedentes penales- no hay ninguna conexión entre la unidad de pasaportes y el registro de penados, ni con los ficheros de Instituciones Penitenciarias.

Rubalcaba acusó al PP de no haber "arreglado" o modificado las normas de expedición de pasaportes en 2003, cuando siendo Ángel Acebes ministro de Interior impulsó un real decreto que regulaba el procedimiento de obtención de ese documento.

El real decreto mantenía que no era necesario que el solicitante del pasaporte presentase su certificado de antecedentes penales. Pero a la vez establecía taxativamente que la policía no daría pasaporte a quien estuviera "condenado a penas o medidas de seguridad que conlleven la privación o limitación de su libertad de residencia o de movimientos, mientras no se hayan extinguido, salvo que obtengan autorización del órgano judicial competente".

Rodríguez Menéndez, detenido en mayo de 2006, está condenado a dos años de cárcel por difundir un vídeo de carácter sexual relacionado con el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y a 10 años más por un delito continuado contra la Hacienda Pública entre 1990 y 1994. Evidentemente, su caso entra dentro del supuesto en el que se le debería haber negado el pasaporte. Pero la policía no tiene acceso al registro de penados ni al de Instituciones Penitenciarias, y no podía constatarlo. Además, ningún juez había cursado ninguna orden para que se le prohibiera la salida del territorio nacional. El astuto abogado aprovechó el agujero para escaparse.

El PSOE, que regresó al poder en 2004, tampoco modificó las normas de expedición del documento, pese a que en 2006 las revisó al entrar en funcionamiento el pasaporte electrónico en la Unión Europea. Ha sido ahora, tras este sonado incidente, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido que la policía pueda acceder al ordenador de Instituciones Penitenciarias para saber si una persona está presa o no antes de dárselo.

Sin embargo, un veterano policía especializado en el área de Documentación resalta: "Eso sólo resuelve el 80% del problema. ¿Qué pasará si el solicitante de un pasaporte está condenado, pero no ha ingresado en prisión porque la pena es menor de dos años? Eso sólo podríamos saberlo si Justicia creara una red en la cual pudiéramos entrar nosotros, y, al consultar un nombre, nos respondieran 'verde' (si no hay problema) o 'rojo' (si el solicitante tiene algo en su contra que impida darle el pasaporte). Es lo único que queremos". Y pone otro ejemplo: "¿Cómo sabremos que una persona está condenada a arrestos de fin de semana que ha de cumplir en su domicilio?"

Un portavoz de Interior discrepa del experto policial y considera que las personas de los ejemplos citados tienen derecho a obtener el pasaporte sin cortapisas, ya que no están presas. Por su parte, una portavoz del Ministerio de Justicia señala que "no habría ningún problema técnico" para dar acceso a la policía a su base de datos, pero que no lo va a hacer porque cree que la ley vigente no lo permite y sería necesaria una reforma legislativa.

El juez Javier San Claudio, que dio el permiso a Rodríguez Menéndez, no había sido hasta ahora motivo de controversia. En esta ocasión dejó libre temporalmente al preso, en consideración a que su "buena evolución penitenciaria, con adecuada asunción de los delitos, el apoyo familiar y el estado de cumplimiento de la condena permiten depositar en él la confianza necesaria para el disfrute del permiso solicitado". Pero fuentes de Instituciones Penitenciarias replican: "Nosotros ya advertimos del altísimo riesgo de fuga que había si se le concedía el permiso, y recordamos que el abogado ya había huido a Argentina en 2005".

El caso Rodríguez Menéndez pasa ahora por la demanda de extradición que el Gobierno cursará en las próximas tres semanas ante las autoridades argentinas, solicitando que éstas entreguen al fugitivo a la justicia española. -