Un retorno sin gloria
El área metropolitana vuelve, tarde y mal. Quizá no es el mejor momento, pero crear lo necesario nunca es inoportuno. Siempre que se sepa para qué se quiere lo nuevo. Vuelve tarde puesto que llega con un retraso de más de medio siglo. En 1953, cuando la ciudad había iniciado su recuperación demográfica merced a la inmigración y los municipios del entorno empezaban a crecer con el desorden que caracterizó los años siguientes se aprobó ya un plan metropolitano (llamado "comarcal") pero absurdamente se dejó para más adelante la creación de un órgano de gestión. En 1960 se creó la Comisión de Urbanismo y servicios comunes de Barcelona y su comarca, dependiente del Gobierno Civil pero con competencias urbanísticas de carácter local. Éste es el territorio, de Castelldefels a Montgat, de lo que después fue la Corporación Metropolitana y que parece que ahora quiere reconstruirse después de la lamentable disolución por parte del Parlament en 1987.
El ente supramunicipal debe ser algo más que el resultado de integrar las tres entidades metropolitanas
En la década de 1960 los equipos técnicos que ya no eran necesariamente burócratas de la dictadura promovieron los estudios que demostraban que el área metropolitana era mucho mayor, por lo menos la región primera de la Generalitat republicana, incluyendo además Garraf y Alt Penedès en el sur y hasta el Vallès Oriental y Maresme hacia el norte. Se aprobó inicialmente un "esquema director" ordenador de esta región metropolitana que se quedó luego en los armarios. Se volvió a la ciudad-comarca en un territorio restringido, sin que la existencia del plan de 1953 y de la Comisión de Urbanismo fuera capaz de hacer ciudad en aquella aglomeración que en población y superficie era similar a la ciudad de Madrid, la cual unos años antes había duplicado su territorio incorporando a los municipios periféricos. Por cierto que en la década de 1940 el general que dirigió las operaciones censales cuando descubrió que Barcelona superaba en habitantes a la capital exclamó "¡no hemos ganado la guerra para esto!". Con la ampliación se resolvió el problema.
El crecimiento caótico de la década de 1960 y principios de la de 1970 siguió suburbializando unos municipios mal gobernados por servidores del franquismo, que recibieron centenares de miles de inmigrantes del resto de España, con un gasto por habitante que era el tercio de Barcelona, sin servicios ni equipamientos básicos suficientes y en los que el progreso consistió en la continua sustitución del barraquismo o la autoconstrucción de polígonos de mala calidad y escasa integración en los débiles tejidos urbanos. Estos municipios periféricos a la gran ciudad acumularon un cierto resentimiento y desconfianza hacia ella, se sintieron como el territorio de reserva que servía de vertedero, en sentido literal y figurado, lo que molestaba a la "metrópolis".
La aprobación de un buen plan metropolitano y la creación de la Corporación Metropolitana en 1976 con importantes competencias urbanísticas fue, obviamente, un progreso para esta aglomeración impropiamente llamada metropolitana. Una vez celebradas las primeras elecciones municipales todos los municipios de la periferia barcelonesa se integraron en la gestión de esta ciudad supramunicipal. Se inició un urbanismo de sutura o articulación de un territorio con enormes desigualdades pero con vocación de ciudad. Sin embargo, la desconfianza hacia la ciudad central tenía raíces profundas y la existencia de gobiernos municipales elegidos les hizo lógicamente muy celosos de su autonomía. La disolución de la Corporación aunque fue denunciada por los partidos de la oposición al Gobierno de CiU no preocupó para nada a los alcaldes "metropolitanos" que se sintieron liberados de la tutela de la gran ciudad y encontraron fácil acomodo en las numerosas instituciones sustitutorias, un conjunto absurdo de entidades de servicios, consejos comarcales y mancomunidades varias, incluida una con pretensiones de reemplazar a la antigua corporación, pero sin sus competencias urbanísticas. La política supramunicipal compartida desapareció lo cual ha reforzado el localismo a ultranza de todos los municipios, incluido el de Barcelona.
Ahora, cuando han pasado más de 20 años se pretende volver a crear algo que ya empezaba a ser anacrónico entonces. La gran región metropolitana ya era, y mucho más ahora, el territorio estratégico, el de los desarrollos urbanos, el de planificación y gestión de las infraestructuras y de los servicios metropolitanos. La Autoridad Única del Transporte, creada la década pasada, es de ámbito regional. Este territorio metropolitano real, que va más allá incluso que la región primera, requiere una gobernabilidad original, una articulación innovadora entre la Generalitat y los municipios, que no creo que sea la "veguería" que se pretende ahora resucitar. Es un territorio de geometría variable con vocación incluso de "eurorregión". Este territorio vive hoy una dialéctica contradictoria entre un potente y antiguo sistema de ciudades, de Vilanova a Mataró pasando por Terrassa y Sabadell, y quizá Manresa, y una "urbanalización" (término acuñado por el geógrafo Francesc Muñoz, que acaba de publicar un gran libro con este título) difusa y confusa de urbanizaciones segregadas y desarrollos basados en la vivienda unifamiliar. Es mucho más que un "área metropolitana", es la ciudad de ciudades futura. Es el encuentro en un territorio policéntrico y discontinuo entre Barcelona y Cataluña que no requiere una nueva institución superpuesta a las otras, sino una organización política en red.
Si, como parece, lo que se pretende únicamente es en integrar las tres entidades "metropolitanas" actuales (mancomunidad residual, transportes y medio ambiente) en una no sólo es una nimiedad, es también un error histórico. Conviene dar una estructura de gobernabilidad democrática a esta ciudad plurimunicipal, pero no lo que ahora se propone. El ente supramunicipal debe poner en común el planeamiento urbano local, los programas de vivienda y de servicios sociales, la policía municipal, la gestión del turismo y la de promoción económica, etcétera. Es decir, un nivel de competencias propias de una ciudad. En un marco coherente con el país y la gran región abierta en que se inserta. Sometido a una normativa que garantice la policentralidad, que priorice la mixtura social y funcional, que limite el crecimiento cuantitativo. Con una organización en la que los municipios de la primera corona tengan por lo menos tanta representación como los de la ciudad de Barcelona y en ella participen todos los alcaldes y los presidentes de distrito que debieran ser electos directamente. Con el tiempo esta ciudad plurimunicipal deberá elegir su gobierno pero siempre los municipios conservarán la competencia de desarrollar planes y programas y las funciones de gestión y ejecución en su ámbito.
Nada de esto es especulación, es la innovación necesaria para adaptarse a las dinámicas actuales. El problema es que pedimos que innoven los responsables políticos que hoy poseen rentas de posición en el sistema actual.
