Holanda niega compensaciones por la matanza de Srebrenica
"He sido traicionado de nuevo", dijo ayer Hasan Nuhanovic, intérprete de los cascos azules holandeses en Srebrenica durante la guerra de Bosnia, al comprobar que los jueces eximían de toda responsabilidad civil al Estado holandés por la muerte de sus padres y su hermano menor. En 1995, cuando él trabajaba para las tropas de Holanda, Srebrenica fue escenario de la matanza de 8.000 hombres musulmanes a manos de las tropas del general serbobosnio Ratko Mladic.
Según el tribunal, los cascos azules estaban a las órdenes de Naciones Unidas y no del Gobierno holandés. Una sentencia anterior holandesa ya sancionó la inmunidad de la labor de la ONU. La familia de Rizo Mustafic, un electricista de la base militar holandesa asesinado en Srebrenica, tampoco recibirá una compensación.
Tanto Nuhanovic como los parientes de Mustafic piensan apelar la decisión del tribunal, que ha tardado seis años en cerrar el caso, pero sus abogados no tienen demasiadas esperanzas. "Es un caso demasiado político", dijo la letrada Liesbeth Zegveld. El problema de fondo radica en que una posible sentencia contraria a Holanda, o a cualquier otro país que envíe tropas a misiones internacionales, podría derivar en un reguero de demandas en casos similares al de Srebrenica.
Criminales buscados
La decisión de los jueces holandeses coincidió con la visita a Serbia del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), Serge Brammertz, que busca el apoyo de Belgrado para detener a los dos fugitivos de la guerra de los Balcanes que aún faltan por entregar a la justicia. Además de Mladic, sigue huido el serbocroata Goran Hazdic, inculpado por crímenes contra civiles croatas entre 1991 y 1995.
La actividad de los tribunales internacionales con sede en Holanda tuvo ayer también otro protagonista. Se trata de la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo Fondo para las Víctimas pidió a la comunidad internacional 10 millones de euros "para ayudar a 1,7 millones de víctimas de la violencia sexual en los países donde la CPI tiene jurisdicción". En concreto, se trata de Uganda, República Democrática de Congo y República Central Africana, "donde mujeres como Esther [una madre congoleña] han sufrido violaciones y necesitan recuperar la dignidad y el coraje", en palabras de Simone Veil, presidenta del Fondo.
