Educación, financiación y cohesión social
El informe sobre segregación escolar que el Síndic de Greuges presentó ante el Parlament la semana pasada, pone luz una vez más en los últimos meses a una de las cuestiones centrales que hoy determinan el desarrollo y los resultados de nuestro sistema educativo. Tiene razón el consejero Maragall cuando afirma que la cuestión planteada por el Síndic ya está en la agenda política del departamento y cuando recuerda que los datos utilizados por la Sindicatura de Greuges para elaborar el informe provienen de la administración que él dirige. ¿De quién iban a provenir, si no? En cualquier caso, dado que la cuestión de la segregación escolar es un asunto que ya está planteado desde hace unos cuantos meses e incluso años, una prueba de ello es que ocupó uno de los ejes centrales del Pacto Nacional de la Educación aunque no con bajo la etiqueta de segregación, el informe del Síndic toma más relevancia ya que pone de relieve que a pesar de todos los pesares, en primer lugar la segregación educativa existe y en segundo lugar, y quizá esta es la más relevante, que el problema no es atribuible únicamente a una mala praxis del servicio público educativo en lo que se refiere a algunas escuelas concertadas, sino que entre los centros de titularidad pública esa mala práctica también se da.
A la hora de elegir, el coste de la educación reproduce las desigualdades sociales existentes
El informe es una buena oportunidad para asumir de una vez que en lo que al sistema escolar y la inmigración se refiere no se puede ni simplificar ni quedarse con análisis apriorísticos que condicionan posteriormente las respuestas a dar. En ese sentido hay que ser muy prudentes en generalizar sin matices y pensar que todos los males de nuestra educación en lo que a la falta de equidad se refiere provienen siempre de los mismos actores; las escuelas concertadas. La variedad dentro de ese sector es muy grande, valga como ejemplo la escuela Vedruna en el Raval barcelonés que ha sido reconocida con el premio del Círculo de Economía y que escolariza a un porcentaje de alumnos extranjeros que muchas públicas no lo hacen a pesar de estar en zonas con porcentaje superior a la mediana del país en lo que a inmigración se refiere. Y el caso de la Vedruna no es un caso singular; ciertamente no es la norma ni tan sólo la moda en la escuela concertada, pero afortunadamente hay otras escuelas concertadas con las pautas de la Vedruna a lo largo del país.
También es relevante en el informe del Síndic la decisión de apuntar buenas prácticas de algunos municipios en lo que a la correcta distribución de alumnos se refiere. Y lo es no sólo porque tener referencias siempre ayuda, sino también porque sin decirlo apunta que las buenas o malas prácticas se dan en todas las familias políticas del país, es decir que ni la izquierda ni el centro derecha tienen el patrimonio de aciertos y errores en esta cuestión. Esta es, quizá, una de las consideraciones que deberíamos tener muy presentes para abordar los retos de presente y futuro en la cuestión de la inmigración y la educación. No estoy haciendo con esta afirmación ninguna apología sobre el fin de las ideologías. Lo que defiendo es que las distintas sensibilidades políticas pueden llegar a soluciones compartidas, con renuncias a algunos de sus fundamentos, en cuestiones donde la prioridad en clave de cohesión social y de país es evidente. Muchas veces un poco de sentido común para abordar retos es más que suficiente para superar escollos y problemas existentes.
Evitar la segregación comporta necesariamente disponer de más recursos y lógicamente emplearlos mejor. El dinero no lo es todo, pero sin los recursos suficientes no es posible hacerlo bien. Y si no que se lo pregunten al consejero Castells, que día sí día también ve como las necesidades políticas, entre ellas las de la educación, no pueden ser atendidas sin un cambio de nuestra financiación del autogobierno. Si del Pacto Nacional de la Educació se puede señalar algo, dos años después de su aprobación casi unánime, es que no ha podido ver desarrollado con normalidad el contrato programa previsto entre los centros educativos y la Administración. En dos cursos académicos menos de una treintena de estos contratos han sido establecidos. Alguien puede pensar que estamos a la espera de la nueva ley de educación que es la que debe dar empuje al pacto. Aunque esto es verdad, hay que decir que no es toda la verdad. La cuestión es que no hay recursos para generalizar la medida no sólo por la cuestión ya mencionada de la mala financiación del autogobierno, sino también porque se han fijado otras prioridades que han consumido los recursos disponibles. La gran paradoja es que aun siendo cierto que en los últimos años los recursos presupuestarios en educación han crecido, los déficit en la equidad no sólo no se han reducido, sino que han aumentado. Es necesario recordar que aquellas condiciones que no se establezcan desde la base del sistema educativo -es decir, desde la asignación de plaza escolar- se van a arrastrar pesadamente a lo largo del proceso educativo. El derecho a la educación es mucho más que el derecho a la escolarización. Y si la libertad de elección forma parte de nuestro sistema, no es menos cierto que hoy no se dan las condiciones para que esa libertad se ejerza por todos por igual. No elige quien quiere, sino quien puede. Y muchas familias van a la escuela sin haberla escogido previamente y el problema es que demasiadas veces la elección responde a evitar algunos centros determinados -donde la presencia de alumnos inmigrantes es ya significativa- más que a la convicción de las bondades del centro escogido. Es evidente que, en la elección, el coste de la educación, sin serlo todo, determina mucho, hasta el extremo de que reproduce las desigualdades sociales existentes. Por eso, crear las condiciones de financiación a través del contrato programa para garantizar que efectivamente la educación es gratuita, al margen de si la titularidad del centro es privada o pública, y que ningún centro determinará criterios de selección -activos o pasivos- de alumnos, es una de las condiciones sobre las cuales se podrá combatir la existencia de la segregación educativa. La mejor inversión social para las próximas décadas.
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