Ratifican dos denuncias contra Contsa, en proceso concursal
El juez admitió ayer la intervención de la inmobiliaria
Dos procesos judiciales, por ahora paralelos, se produjeron ayer respecto a la situación de crisis financiera declarada en la Inmobiliaria sevillana Contsa Corporación Empresarial. El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla admitía la solicitud de Concurso Voluntario de Acreedores y nombraba como administradores judiciales a un economista, un abogado y un tercer administrador que designarán los acreedores.
Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 17 de la ciudad recibía las ratificaciones de dos denuncias por estafa y apropiación indebida de dos de los inversores afectados por la compañía inmobiliaria que reclaman 36.000 y 120.000 euros, respectivamente. Un tercer denunciante, que estaba citado ayer para ratificar su denuncia, comunicó a los medios su decisión de desistirse de la acción.
Contsa Corporación Empresarial anunció el pasado 11 de febrero la decisión de presentar una declaración voluntaria de concurso de acreedores ante la imposibilidad de satisfacer sus obligaciones de pago a los más de 1.200 inversionistas que tenían depositadas en la inmobiliaria importantes cantidades de dinero mediante préstamos participativos y otras formas de participación societaria, y a los que se les prometía intereses de entre el 5% y el 20%, en función del capital aportado.
La empresa intentó si éxito conseguir una demora del pago de los intereses ante sus inversores en varias reuniones mantenidas durante las semanas finales de 2007 y el comienzo del año. Pero las denuncias presentadas y la exigencia "de cierto sector de inversores", según la compañía, obligaron a solicitar la intervención judicial de la misma.
El presidente de Contsa, José Sala, aseguró los días posteriores a la presentación del concurso de acreedores que el problema de la compañía era de "falta de liquidez", y aseguró que todos los fondos de sus socios e inversores se encontraban en activos inmobiliarios de la compañía que, por la paralización del mercado inmobiliario, eran imposibles de hacer efectivos.
Salas aseguró que los activos de Contsa se elevan a 80 millones de euros, y que existe una diferencia favorable de más de 30 millones con el pasivo de la empresa. Por otro lado, los 1.200 inversores afectados podrían tener depositados en Contsa más de 25 millones de euros.
La juez de Instrucción número 17, Pilar Llorente, deberá ahora decidir si las denuncias presentadas constituyen materia penal o si corresponden a la jurisdicción civil o mercantil.
"Me engañaron por activa y por pasiva con una estafa monumental", aseguró ayer Manuel Jiménez Hurtado, un pensionista sevillano que invirtió 36.000 euros en la compañía y que sólo obtuvo el pago del primer mes de intereses. Este inversor ha dirigido su denuncia penal contra el apoderado de Contsa Fernando Laffore, que fue quien gestionó su inversión. El otro inversor que ayer ratificó su denuncia no quiso desvelar su nombre.
La juez Llorente ha citado a declarar el próximo día 7 en calidad de imputados al presidente de Contsa, José Salas, y al apoderado Fernando Laffore, justo cuatro días después de que esté prevista en un hotel de Sevilla una reunión de Salas con los inversores en los que se prevé plantee un plan de viabilidad de la empresa.
