Touriño defiende la ley de vivienda social frente a las críticas de los ayuntamientos

El Consello de la Xunta aprobó ayer el proyecto de ley que eleva las reservas mínimas de suelo para viviendas protegidas que deben realizar los ayuntamientos. Se trata de una norma "robusta", nacida "del diálogo, la flexibilidad y la firmeza de criterios", aseguró el presidente del Gobierno gallego. Emilio Pérez Touriño salió así al paso de las denuncias de imposiciones que esta misma semana lanzaron los dirigentes de la federación de municipios, que también criticaron el anteproyecto de ley de Servicios Sociais, al que acusan de invadir competencias locales. Touriño lo descartó, al garantizar que también esa ley se caracterizará por "el diálogo, la flexibilidad y la voluntad de concertación".

La ley aprobada ayer establece un mínimo del 40% del suelo para viviendas sociales en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Las villas de entre 5.000 y 20.000 habitantes reservarán el 20%, mientras que los más pequeños quedarán exentos, siempre que sus planes urbanísticos no prevean un crecimiento superior a cinco viviendas por cada mil habitantes y año. Según Touriño, todas estas normas garantizarán el acceso de "entre el 80% y el 85% de los gallegos" a una vivienda "digna" a precio "razonable".

La ley, que reforma ocho artículos de la del Suelo de 2002, renuncia a obligar a los ayuntamientos a destinar el 50% de su patrimonio municipal de suelo a vivienda protegida, como estaba previsto, para limitarse a recomendar este uso "preferentemente". Sí establecerá medidas para garantizar la edificación de los pisos a precio tasado de forma que, de incumplirse los plazos, tanto los ayuntamientos como la Xunta puedan decretar su edificación forzosa. Los mínimos de reserva de suelo a este tipo de viviendas se establecerán distrito por distrito, de forma que no puedan concentrarse en zonas concretas de los municipios.

Los promotores inmobiliarios estarán obligados a realizar una cesión a favor de la Xunta de 2,5 metros cuadrados de suelo por cada cien de edificabilidad, sin que mengüe el aprovechamiento obtenido por particulares ni ayuntamientos. Con ese suelo se creará una red de suelo dotacional público.

Touriño se cuidó de cuestionar a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), cuyo presidente, el socialista Carlos Fernández, lamentó la escasa participación de este organismo y las "imposiciones" de la Consellería de Vivenda. Preguntado por las críticas de la ejecutiva de la Fegamp a los anteproyectos de las leyes de Vivenda y de Servicios Sociais, el presidente garantizó "la voluntad de concertación y diálogo" y "el máximo respeto a la autonomía local".

Flexibilidad

Touriño se refirió precisamente a la ley de viviendas protegidas, que consideró "el mejor ejemplo" de la voluntad de diálogo de la Xunta, ya que fue "flexible en todo su recorrido" y recogió algunas de las aportaciones de los municipios. Carlos Fernández, en cambio, criticó el pasado martes las imposiciones y la falta de diálogo en la tramitación de la ley, aunque las principales críticas de la Fegamp fueron para la de Servicios Sociais y de Vivenda.

También frente a las críticas de los alcaldes a la imposición de porcentajes para viviendas protegidas "sector a sector", en lugar de en el municipio, de forma global, el presidente de la Xunta subrayó que las reservas se establecerán "distrito a distrito", siempre que se trate de suelos urbanos no consolidados. En los delimitados, el porcentaje sí será por sectores, con excepción de los que tengan una edificabilidad igual o menor a 0,2 metros cuadrados por cada metro cuadrado, en cuyo caso se podrían compensar con otros sectores.

El borrador de la ley aprobada ayer fue presentado públicamente en abril del año pasado por las conselleiras de Vivenda, Teresa Táboas, y de Política Territorial, María José Caride. Las dos conselleiras se ponían así de acuerdo respecto a los niveles de vivienda protegida exigibles en Galicia, que la ley estatal eleva al 30%. En los últimos días, y a petición de Política Territorial y la Fegamp, la Consellería de Vivenda accedió a rebajar el mínimo en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes al 20%, frente al 30% anunciado inicialmente, siempre y cuando los ayuntamientos documenten que no existe suficiente demanda de viviendas protegidas. En la actualidad, el mínimo para toda Galicia es del 20%. La participación de Política Territorial en la tramitación de la ley se debe a que ésta se materializa en una modificación de la Ley del Suelo.