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"Sólo adelanté los expedientes que ordenaban los políticos", dice Ceballos

Dos de los principales imputados del 'caso Guateque' se carean fugazmente

Al fin se escuchó públicamente la voz de Victoriano Ceballos. Casi tres meses después de que se destapara la presunta trama corrupta municipal de agilización de licencias a cambio de dinero, el principal imputado del caso Guateque aseguró que nunca adelantó ningún expediente. "Sólo los que ordenaban los políticos", se defendió. Y siempre, según él, sin que hubiera un soborno de por medio del que él se beneficiara. EL PAÍS tuvo acceso, hace mes y medio, a 130 expedientes de entre 2005 y 2007 que figuran en el sumario (donde se investigan más de 3.300 procesos) y que fueron agilizados por órdenes de concejales. La justificación que dieron éstos, al consultarles este periódico, fue que había mucho atasco. "A veces se adelantan expedientes porque estamos saturados", afirmaban los ediles. Al menos tres hosteleros que prefieren ocultar su nombre desmintieron entonces lo que ahora dice Ceballos. Los empresarios reconocieron haber pagado entre 2.500 euros y 6.000 euros. Sus licencias fueron otorgadas.

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Ceballos, jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, habló durante más de media hora mientras esperaba, en los pasillos del juzgado de Plaza de Castilla, para carearse con su antiguo jefe, Joaquín Fernández de Castro. El motivo de ese duelo judicial, que duró menos de tres minutos, era una carta desde la prisión -atribuida a Fernández de Castro y difundida por los medios de comunicación- en la que éste calificaba a su subordinado de ladrón: "Victoriano Ceballos es, sin duda, el único chorizo". Pero ayer, ni uno ni otro, que dejaron la cárcel de Alcalá Meco el 24 de enero tras pagar una fianza de 60.000 euros, dieron validez al documento, una emotiva carta desde la cárcel en la que Fernández de Castro se defendía y que contiene minuciosos detalles sobre el Área de Medio Ambiente, en la que ambos trabajaban.

Poco antes de producirse el breve careo, Ceballos insinuó que la carta podría responder a manipulaciones. "Joaquín es un bendito. No ha podido escribir esa carta. Porque tiene unas profundas convicciones religiosas y porque tiene cultura", defendió Ceballos en presencia de Fernández de Castro. La imagen de ambos charlando amistosamente chocó. Porque es muy distinta de la que se vivió a la salida de ambos de prisión. Entonces ni se hablaron. Sus familias tampoco se miraron, a pesar de que compartieron más de cuatro horas de espera.

Fernández de Castro aseguró ante el juez que desconocía la carta. "Esa manifestación no es mía", dijo respecto de las acusaciones contra Ceballos en el texto. Éste aseguró haberse enfadado cuando leyó la carta. Según él, pidió explicaciones a su jefe. "Le creí y le sigo creyendo. No fue él", señaló. Con esa afirmación, terminó el fugaz careo, más breve que un round de boxeo y que se produjo cuando todos los imputados llevan varios días fuera de prisión.

Pero la mañana vivió además un segundo careo en el Juzgado de Instrucción número 32. Este enfrentamiento tampoco tuvo aires de duelo, pues los dos protagonistas negaron la mayor. Ceballos y David Jiménez, un ingeniero y funcionario de Urbanismo, rindieron cuentas por una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil. En esa llamada, Jiménez propuso a Ceballos repartirse "un kilito" (6.000 euros) por agilizar la licencia del pub Jaleo, en la calle de Orense. "2.500 para ti, 2.500 para mí y otros 1.000 para la chica de Tetuán", era la oferta. El abogado de Jiménez explicó, al terminar el careo: "fueron una broma y se han querido elevar a categoría de delito". Su cliente señaló ante el juez que se interesó por la licencia del pub porque el dueño era amigo suyo. El expediente fue denegado.

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Ceballos justificó la conversación diciendo que era un "bulo". Según él, el atasco de expedientes era tan grande (el funcionario explicó que estaba él solo en el departamento) que bromeó con la posibilidad de pedir un soborno. Ceballos vino a decir, siempre en broma, que o se ponían a pedir dinero o nunca agilizarían los expedientes. Porque según reiteró, no se hacía con ninguno salvo con los que se especificaba por orden de, los que "ordenaban los políticos".

Joaquín Fernández de Castro (a la derecha), uno de los imputados en el <i>caso Guateque</i>.
Joaquín Fernández de Castro (a la derecha), uno de los imputados en el caso Guateque.ÁLVARO GARCÍA

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