Las vicisitudes del POTAUS
Hace un cuarto de siglo (13 de junio de 1984), oficialmente la Junta de Andalucía, ante los evidentes problemas que se estaban haciendo patentes, reconoció la necesidad de "formular directrices de Planeamiento Urbanístico para el Área Metropolitana de Sevilla" y como consecuencia de ello, cinco años después, publicó el avance de las "Directrices para la Coordinación Urbanística". Tardó 5 años más para ordenar que la Consejería de Obras Públicas redactara y terminara en el plazo de un año, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS 1994). Dos años necesitó para hacer el diagnóstico pero, en lugar de terminar su redacción, sólo se decidió a publicar los "documentos de objetivos del POTAUS 2000". Habían pasado 16 años.
¡Cuántos desmanes se habrían evitado!
Mientras tanto, el proceso de deterioro del territorio metropolitano avanzaba de manera acelerada e irreversible. La construcción sin control de miles de monótonos contenedores de ladrillo, dispersos en un territorio de olivares, vid y naranjos marcaba una nueva forma de ocupar el suelo pero, sobre todo, la inauguración de la primera tienda de IKEA en Andalucía, se convirtió en un nuevo hito efecto de la globalización, que exigía a la Junta, terminar el POTAUS. Durante el 21 de enero 2004, los coches atascados necesitaron más de una hora para recorrer tres kilómetros y llegar a dicha tienda. Existen centros comerciales similares en 33 países.
Para este acontecimiento, no se habían preparado ni las vías ni los accesos ni los aparcamientos. La alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, pequeño término municipal sin patrimonio natural porque su suelo está completamente asfaltado, en lugar de compartir responsabilidades con las empresas, prometió resolver todos los problemas presentes y futuros, como siempre, con dinero público para asegurar, dijo, los puestos de trabajo y el desarrollo. La realidad se ha encargado de contradecirle: pese a la inversión inmobiliaria, según el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), existen 866 mujeres y 432 hombres en paro en Castilleja, la carencia de equipamientos es notable y la calidad de vida ha disminuido.
Los nuevos problemas que soportaba Castilleja, también se estaban incubando y reproduciendo de forma similar, pero con mayor magnitud y variedad, en los demás municipios del área metropolitana de Sevilla. La finalización de la redacción del POTAUS que ya duraba 10 años, a todas luces resultaba urgente, pero, ¿qué poder o qué ley obligaba a la Junta a cumplir el plazo que ella misma se había impuesto? A tenor de los resultados de las elecciones, ni siquiera éstas fueron un medio eficaz para castigar los incumplimientos. Al contrario, los ciudadanos premiaron al gobierno concediéndole mayoría absoluta.
La desidia de la Junta ha durado un cuarto de siglo. No la comprendían ni los empresarios del Aljarafe que en 2006, en un acto ejemplar digno de mención, entregaron a la Consejería de Obras Públicas la "Estrategia Territorial para el Desarrollo Económico del Aljarafe" y solicitaron que se concluyera el POTAUS. La Consejera les respondió que se harían cuatro planes sectoriales: transportes, espacios verdes, vivienda e infraestructuras y con esa idea, en noviembre de 2006 se publicó por segunda vez una Orden con el mismo motivo y plazo que la primera: redactar el POTAUS pero incorporando varios municipios y, sin razón suficiente, dejando fuera otros. En planeamiento, la suma de las partes no es igual al todo.
El plazo para su conocimiento y alegaciones ha terminado.
Se puede alegar el incumplimiento, la omisión o la incorrecta interpretación de la legalidad (norma) pero no del soporte teórico ni conceptual del Plan. En este aspecto solamente cabe plantear preguntas y compartir públicamente las ideas para enriquecer la opinión pública. Según Habermas "el espacio de la opinión pública es una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agrupadas en torno a temas específicos", por ejemplo, el planeamiento. Su mayor expresión es posible en democracia: interacción entre verdad, transparencia y participación activa.
Justamente lo que no se ha hecho al firmar los convenios, base de la desbocada expansión urbanística que el POTA, instrumento jurídico jerárquicamente superior, ha puesto freno con porcentajes máximos para la expansión del suelo (40%) y de la población (30%) y, por otra parte, ha impuesto una forma de ocupación del suelo para recuperar el "modelo de ciudad mediterránea" compacta y continua: sostenible. Sin embargo, la Junta, lejos de hacer cumplir estas determinaciones, ha prometido excepciones al POTA. El POTAUS, haciendo caso omiso al principio jerárquico de contenido legal, se ha encargado de recogerlas.
Se están cumpliendo los plazos, pero persisten las mismas dolencias urbanísticas que tanto están perjudicando a la salud cívica: elefantiasis del ámbito privado y anemia del público.
Jorge Benavides Solís es doctor arquitecto y profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
