Buscadores de impunidad
La viciada tendencia de los políticos de todos los partidos a opinar sobre las resoluciones de los tribunales en función de las estrategias e intereses propios prescindiendo de criterios jurídicos explica sus hiperbólicas protestas ante una sentencia considerada adversa. Si bien ese menosprecio a la división de poderes cubre todo el espectro ideológico, el nacionalismo vasco ocupa el primer lugar en el ranking de las reacciones sectarias, irresponsables y arbitrarias frente al Poder Judicial, con independencia de que algunas de sus críticas sean excepcionalmente razonables (como en el estrafalario procedimiento abreviado por un supuesto delito de desobediencia al Supremo abierto por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el lehendakari Ibarretxe).
La Audiencia ha dado un paso de gigante para ilegalizar por la vía penal las estructuras de ETA
La bronca dispensada a la sentencia dictada el pasado 19 de diciembre por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que castiga a 521 años de cárcel a 47 acusados por integración, pertenencia o colaboración con banda armada y que declara ilícitas a KAS, EKIN y XAKI por formar parte de ETA, procede de todos los sectores del nacionalismo. No deja de resultar curioso -por no decir inverosímil- que un abstruso texto de 1.184 páginas, construido sobre un sumario de 600 tomos iniciado en 1998 y una vista oral de catorce meses de duración abierta el 25 de noviembre de 2005, haya podido ser rigurosamente analizado por esos implacables críticos en escasas horas; también resulta sorprendente -por no decir sospechosa- la unanimidad de fondo de esos contundentes dictámenes.
Para los portavoces de la izquierda abertzale, la sentencia saca a la luz el "auténtico estado de excepción" aplicado por el presidente Zapatero al País Vasco "con la valiosísima colaboración de Balza [consejero de Interior del Gobierno vasco] o de Urkullu
": ANV -la segunda marca de Batasuna en las últimas elecciones municipales- comparara este proceso con el juicio de Burgos de 1970. No menos apocalíptica ha sido la declaración oficial del consejero Azkarraga en nombre del tripartito de Vitoria: el fallo instaura "el delito de opinión", "encarcela ideas" y "hiere a la democracia". El lehendakari Ibarretxe también lanza su pella de barro contra los tres magistrados de la Sección Tercera e indirectamente contra Baltasar Garzón como juez instructor del sumario 18/98 que sirvió de fundamento a una resolución desprovista de "base jurídica".
El feroz rechazo del nacionalismo -radical e institucional- a la sentencia guarda relación directa con la trascendencia de la causa juzgada, tan crucial para la persecución penal de los miembros de la trama terrorista de ETA que viven en la legalidad y no portan armas como lo fue en su día en Italia el revolucionario giro de la estrategia investigadora sobre la mafia dado por el juez Falcone. El sumario 18/98 iniciado por Garzón hace diez años hizo aflorar la complejidad de la estructura interna de ETA, que no se circunscribía al aparato militar clandestino encargado de ordenar y ejecutar los atentados y los asesinatos, sino que abarcaba también otros subsectores -legales, ilegales o alegales- especializados en actividades político-representativas, financieras, de relaciones internacionales, juveniles, de apoyo a los presos y a las campañas de amnistía, deportivas, de desobediencia civil, empresariales y periodísticas. Si el juez instructor levantó el velo tejido por la banda terrorista a lo largo de casi 40 años de actividad con el propósito de ocultar la articulación de sus distintos segmentos, los tres magistrados de la Sección Tercera han dado por buenas las pruebas aportadas y ha concluido -con una metáfora antropomórfica de carácter organicista no demasiado afortunada- que la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS) era parte de las entrañas de ETA y EKIN -creada para sustituirla-, su corazón.
La sentencia da un paso de gigante hacia la ilegalización por la vía penal de todas las estructuras de ETA que han venido operando durante años bajo banderas legales como supuestas asociaciones autónomas. Los portavoces del Gobierno vasco y muchos líderes del PNV y de EA criticaron en su día la Ley de Partidos de 2002 y la consiguiente disolución por la vía civil de Batasuna pero admitieron la posibilidad jurídica de ilegalizar al brazo político de ETA por la vía penal y de encarcelar -como acaba de hacer la Audiencia Nacional- a los dirigentes de las asociaciones a las órdenes de la banda terrorista. El airado rechazo de la sentencia correspondiente al sumario 18/98 implica la exigencia de un espacio de extraterritorialidad penal a favor de la izquierda abertzale comprometida con la violencia terrorista y la ventajista búsqueda de impunidad para los integrantes y los colaboradores de ETA en tanto que organización de estructura amplia y compleja dedicada al asesinato y la extorsión dentro de la división funcional del trabajo del campo nacionalista.
