El fiscal pide que un testigo pase a ser imputado por el fraude de Irún
Las acusaciones ven indicios de delito tras escuchar su testimonio
El fiscal solicitó ayer a la juez que investiga el presunto fraude en la oficina de Hacienda en Irún que cite a declarar como imputado al decorador que realizó unos trabajos en el hotel rural que José María Bravo, el supuesto cerebro de la trama, tiene en Jerte (Cáceres). El resto de las acusaciones se sumaron a la petición, realizada tras escuchar el relato como testigo de esta persona y apreciar indicios de delito.
La juez que instruye el presunto fraude fiscal de Irún tomó ayer declaración como perjudicados o testigos a otras cinco personas. En este último grupo estaba J. L. M., quien realizó unos trabajos en el hotel rural de Bravo, director de la oficina tributaria de la localidad fronteriza entre 1995 y 2004, después de que éste supuestamente le anulara una deuda.
El decorador señaló que en 2004 recibió una carta de Hacienda en la que se le reclamaba una deuda de 25.905 euros, si bien no precisó si la misiva procedía de la oficina de Irún o de otras dependencias forales. Según indicó, desconocía que tuviese esa deuda. Entonces llamó por teléfono a su "amigo" Bravo y le comentó el caso, según informaron fuentes cercanas a la investigación después de la declaración.
El director de la Hacienda de Irún le preguntó si tenía bienes en Euskadi, a lo que J. L. M. respondió que no, según testificó ayer. Donde sí tenía bienes, en concreto una casa rural, era en Salamanca, algo que Bravo sabía, siempre según las fuentes consultadas.
"Por amistad"
El caso es que, según el relato del decorador, Bravo le devolvió la llamada y le dijo que todo estaba resuelto. Le declaró insolvente y con eso la supuesta deuda estaba anulada. J. L. M. aseguró que meses después trabajó en la decoración del hotel de Bravo "por amistad".
Tras escuchar estas explicaciones, el fiscal solicitó la suspensión de la declaración y reclamó que se volviera a citar a J. L. M., pero en calidad de imputado. Y es que el Ministerio Público apreció indicios de delito en la versión del decorador, así como algunas contradicciones de fechas respecto a lo que en su día declaró en sede policial. El resto de las acusaciones se sumaron a la petición fiscal y las defensas no presentaron alegaciones. Al demandar su declaración como imputado, las acusaciones pretenden también garantizar los derechos de J. L. M. y que éste en un momento dado no pueda alegar indefensión. La juez estimó la suspensión y ahora dictará un auto en el que previsiblemente acepte que el decorador pase a ser imputado.
El resto de los testigos declararon que bien directamente o a través de una asesoría negociaron sus deudas fiscales a la baja con el ex director de la Hacienda de Irún y le entregaron a éste distintas cantidades de dinero en efectivo. Bravo está acusado de apropiarse de ellas.
