¿Es posible garantizar el derecho?

Si "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y "los poderes públicos" han de promover "las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación" de forma que "la comunidad" participe "en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos" se puede decir que hoy, fuera de la retórica política, no estamos haciendo todo lo que cabría hacer, según el modelo vigente, de lo exigible para hacer efectivo ese derecho recogido en el artículo 47 de la CE.

En el aluvión de preguntas que se han hecho estos días respecto al anteproyecto de Ley de Vivienda de la Junta se ha abierto un resquicio: La sorpresa al valor de la política para poner sobre la mesa los verdaderos problemas sin eludir el debate, el riesgo y la innovación frente a los conflictos difíciles se ha añadido un punto de frescura frente a la resignación.

El desfase entre la oferta inaccesible a la demanda insatisfecha se acrecienta porque el mercado es incapaz de ofrecer a medio plazo alternativas que favorezcan un reequilibrio de las proporciones entre la vivienda libre y la pública, la vivienda en propiedad y la vivienda en alquiler la vivienda nueva y la rehabilitada. La realidad es que hoy la satisfacción de las demandas locales de vivienda pública no alcanza más que del 5% al 10% de la demanda urbana en las ciudades españolas, en tanto se promueven centenares de miles de viviendas como inversión o segunda residencia, lo que constituye un despilfarro económico y ambiental. Influye en este escenario el hecho de que la vivienda sólo se trate en conexión con las políticas de suelo y no se planteen alternativas de mercado, de fiscalidad, de financiación pública, de hacienda local, patrimonio público y, por supuesto, una crítica al modelo de desarrollo.

Ante los problemas que afectan a la gente, se recibe con alegría la noticia de que en Andalucía nuestros representantes no aceptan el estado de cosas que hemos heredado de una formulación del crecimiento que acaba con las esperanzas de autonomía personal de la mayoría de los ciudadanos. El acceso a la vivienda es una causa grave de desigualdad ante la ley, de falta de oportunidades y de dependencia funcional de la sociedad española que viene siendo así desde hace casi tres lustros. Hasta ahora planes y programas de vivienda han puesto paños calientes a la satisfacción de una demanda que se ha visto preterida desde hace años y que ha sido el gran olvido del modelo estructural de crecimiento de la economía española. Claro que "es la economía, estúpidos", pero es la economía política. En España, la gran brecha abierta por la creación del Ministerio de Vivienda en 2004 ha sido poner de manifiesto que el modelo injusto de reparto de las rentas atenta contra el derecho constitucional al habitat digno y a ese empeño manifiesto, que Zapatero focalizó en el debate sobre el Estado de la Nación de 2003 se han hecho oídos retóricos y grandes palabras, pero pocas soluciones. De hecho seguimos en tasas de vivienda de promoción pública y de alquiler que no llegan al 10%. Es cierto además, que las actuaciones públicas no alcanzan más que un 5-10% de la demanda actual y su previsión es que tardemos más del tiempo de una generación en hacer efectivo el derecho a alcanzar formas dignas de alojamiento, sea en viviendas alquiladas o de propiedad.

Si la primera acepción de viable es que puede vivir, bienvenida sea la nueva ley de Vivienda del gobierno andaluz.

Carlos Hernández Pezzi es presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.