"Queremos gas, pero no a costa del territorio"

Tarragona

Una superficie industrial equivalente a 18 campos de fútbol, con chimeneas de 60 metros ardiendo las 24 horas, a dos kilómetros de la playa y a menos de 1,5 del núcleo urbano de Alcanar (Montsià). Esto es contra lo que se ha alzado la sociedad civil y la clase política del último municipio de Cataluña lindando con Castellón. En menor medida, el mismo movimiento ha echado ya a andar en Vinaròs, ya en tierras valencianas. A ambos lados, están convencidos de que esta planta pensada para transformar el gas que se almacenaría en un depósito submarino 20 kilómetros mar adentro supondrá un durísimo golpe al cada vez más importante turismo familiar, a la vez que terminará con una de las escasísimas zonas vírgenes del litoral mediterráneo.

La nueva planta tendrá capacidad para almacenar 1.300 millones de metros cúbicos de gas

Todos los partidos de Alcanar han votado juntos contra el proyecto de Industria

Haakon Brenner es austriaco de nacimiento, pero de Alcanar de corazón. Lleva 11 años viviendo en esta pequeña ciudad pegada al sur del delta del Ebro y de 10.000 habitantes, ganándose la vida alquilando a los turistas Villa Carmen, una antigua residencia señorial que ha restaurado. "Todos queremos que el gas llegue a los hornillos de nuestras cocinas, pero no a costa de destrozar por completo un territorio", dice. Y, como él, así piensa una mayoría social aplastante en el municipio, lo que queda reflejado en dos recientes sesiones plenarias del Consistorio en las que ICV, PP, CiU, PSC y ERC han votado juntos su rechazo a la instalación. Desde la terraza de Villa Carmen, las parejas de mediana edad y con hijos, mayoritariamente catalanes, aragoneses y valencianos, que llenan actualmente el establecimiento de Brenner tendrían unas vistas fabulosas a las chimeneas de la planta transformadora. "Es un problema de seguridad enorme, y de salud. El turismo se iría asustado", señala.

Todo un vasto territorio llano como un papel entre el Maestrazgo valenciano y el Montsià catalán, y en el que cualquier construcción alta tendría esas mismas vistas, al margen de una mayor acumulación de gases de efecto invernadero y partículas de desecho en su atmósfera.

La empresa Escal UGS, por encargo de un Ministerio de Industria que considera urgente la construcción de esta instalación, solicitó el 6 de agosto al Ayuntamiento de Vinaròs un informe de compatibilidad urbanística de la planta. Se trata de un terreno calificado como rústico al lado del río Sénia, un torrente seco que delimita el territorio entre Castellón y Tarragona. Esta zona ha quedado al margen de la presión urbanística y en el lado catalán está protegida no sólo para las actividades industriales, sino también para el uso residencial.

Apenas a una decena de metros, en el lado valenciano, el ministerio que dirige Joan Clos ha diseñado una planta transformadora que convertirá en apto para su uso un gas que se almacenaría 20 kilómetros mar adentro, en el antiguo pozo petrolífero Chaparral, hoy en desuso. Según el plan energético aprobado en Consejo de Ministros el 31 de marzo, la instalación global tendrá capacidad para almacenar 1.300 millones de metros cúbicos de gas, de los que podrían extraerse 25 millones al día, en la mayor instalación de las otras tres de este tipo que hay en España, según prevé el documento. Todas deberían estar operativas en 2009, y el plan energético mencionado subraya la proximidad en Vinaròs del gran centro de consumo de gas que supone la industria del azulejo castellonense. De hecho, el consumo de gas de Castellón cuadriplica al de la provincia de Valencia, según datos del Ayuntamiento castellonense. Industria considera estratégicas y prioritarias unas instalaciones que permitirían aumentar la autonomía energética de España almacenando un gas que hoy llega de países potencialmente inestables políticamente.

Las contrapartidas son varias: la flota pesquera del norte del Castellón y sur de Tarragona vería reducido su ámbito de acción, ya que no podría faenar ni en las inmediaciones del depósito ni en las de la tubería que transportaría el gas hacia la planta de Vinaròs. Y el turismo, como añade el farmacéutico vinarocense Javier Roca, huiría. Roca ejemplifica la relación fluida que existe entre los municipios del sur de Tarragona y norte de Castellón. Su hija tiene una farmacia en Les Cases d'Alcanar, un barrio del municipio catalán, y él está convencido de que la instalación de la planta de gas va a significar la "muerte" del territorio. "Vendemos tranquilidad y calidad de vida", subraya, y lamenta que el Ayuntamiento de Vinaròs no haya hecho el esfuerzo suficiente de informar con detalle a la población del proyecto. De hecho, la zona en la que se prevé construir la planta ha sido objeto de numerosas operaciones de compra-venta por parte del sector inmobiliario, que ve en este espacio natural un lugar de crecimiento para la oferta de turismo residencial. Escal UGS posee sólo el 7,8 de las 177 hectáreas que necesita.

Javier Roca, como Brenner y unas 700 personas más de la zona, forman parte de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia, un recién nacido movimiento vecinal que se ha puesto como objetivo informar tanto a Vinaròs como a los pueblos afectados de ambos lados sobre el impacto del proyecto. "Es mucho más grave esto que discutir sobre el futuro del puerto", dice Roca, refiriéndose a un controvertido proyecto de ampliación y reforma del puerto local que concentra la atención de los vecinos.