El comité de expertos de la ley electoral se rebela contra Puigcercós por su "pesimismo" ante el proceso

No hubo que esperar ni al comienzo de las negociaciones. La todavía embrionaria ley electoral catalana ya tiene el primer colectivo de perjudicados. Se trata del grupo de expertos que asesoran al Gobierno en este asunto. Éstos han recibido como un jarro de agua fría el anuncio del consejero Joan Puigcercós en el sentido de que la Generalitat tiene ya un plan alternativo por si fracasa el proceso.

Josep Maria Colomer, presidente de la comisión de expertos, manifestó ayer a EL PAÍS su "sorpresa" por el hecho de que el consejero de Gobernción tenga ya "un plan b" antes de que se comience a negociar la ley en el Parlament. "No se puede actuar con este pesimismo como si la batalla estuviera ya perdida", lamentó Colomer tras hablar con varios de los miembros de la comisión que el mes pasado entregó al Gobierno un documento de bases sobre la ley electoral catalana. Estos expertos, designados con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, redactaron un informe de 130 folios y 50 propuestas en las que sugieren cambios en el método de elección de los diputados, en las fórmulas de representación territorial y en los mecanismos para fomentar la participación.

La ley electoral, uno de los objetivos más ambiciosos del Gobierno para esta legislatura, debe contar con el apoyo de los dos tercios de la cámara catalana, con lo que es imprescindible el concurso de Convergència i Unió. Puigcercós avanzó el pasado miércoles que, en caso de no lograrse el consenso necesario, los grupos que apoyan al gobierno podrían impulsar de forma unilateral la creación de la Sindicatura Electoral, una junta electoral autonómica con competencias añadidas.

"Esto no tiene ningún sentido", respondió ayer Colomer, quien recordó, de entrada, que el Estatuto "no prevé la creación de la junta electoral". "Esto debe estar dentro de la ley y, por tanto, se necesita el apoyo de los dos tercios de la cámara". Además de este problema de carácter más técnico, Colomer observa un problema de cariz político: "la sindicatura electoral no tendría ninguna de las atribuciones por las que se decidió iniciar el proceso de redacción de una ley electoral". Las enumeró.

Los expertos proponen en su documento que la Sindicatura Electoral tenga más competencias que una junta electoral como las que ya existen en otras autonomías. "Queremos que la Sindicatura pueda ejercer controles sobre campañas institucionales en época preelectoral, que los integrantes de este organismo sean independientes y que sean elegidos con un criterio que garantice su imparcialidad", enumeró Colomer. "Y todo eso es imposible si no hacemos la ley electoral".

El plan alternativo expuesto por el consejero de Gobernación serviría, según Puigcercós, para afrontar los problemas más inmediatos de los procesos electorales dependientes de la Generalitat. La actual dependencia de la Junta Electoral Central se traduce, según el departamento, en muchos problemas a la hora de constituir los consejos comarcales o el Conselh Generau d'Aran, pues estos organismos y sus correspondientes divisiones territoriales no se derivan de la legislación nacional, sino de la autonómica.