El perito ratifica los ingresos sin justificar de López-Santacruz
El especialista asegura que el ex director de Loiu incumplió las normas de contratación
El perito nombrado en su día por la juez instructora para investigar el patrimonio del ex director del aeropuerto de Bilbao Segismundo López-Santacruz y comprobar si pudo cometer irregularidades en la adjudicación de obras ratificó ayer en el juicio que descubrió casi 950.000 euros sin justificar en sus cuentas bancarias. Declaró igualmente que en las contrataciones se produjo un "incumplimiento generalizado de los procedimientos de control".
Emilio Cerecedo, perito nombrado por el Gobierno vasco que realiza informes en litigios judiciales, dedicó ocho meses entre 2002 y 2003 a elaborar su informe, el principal documento inculpatorio contra López-Santacruz, acusado de cuatro delitos por supuesto cobro de comisiones y la financiación de la compra de dos viviendas a cargo de AENA, el ente público que gestiona los aeropuertos españoles.
El perito cotejó los extractos bancarios con las declaraciones de la renta de López-Santacruz y de su esposa, Laura Hernández, también imputada; su hijo Manuel y su madre, María Ángeles Pérez, en cuyas cuentas bancarias exisitían gran cantidad de ingresos sin justificar entre 1998 y 2000: hasta 158 apuntes con casos como 13 ingresos en un mismo día que superaron los 32.000 euros. "La conclusión central es que no encuentro justificación de 94 millones de pesetas [casi 566.000 euros] en las cuentas de Segismundo, Laura y su hijo Manuel", dijo antes de explicar que lo mismo ocurre con las cuentas de su madre, donde la cantidad "sin justificar asciende a 63 millones [382.000 euros]".
Su informe, que ha estudiado todos los ingresos de la familia López-Santacruz entre 1998 y 2000, incluye un documento presentado por el ex director en el que aseguraba que podía justificar 338.000 euros por la venta de dos pisos y unos ahorros.
Adjudicaciones concentradas
El perito recalcó a una pregunta del jurado que "no hay documentos que soporten" lo expuesto por López-Santacruz. A ello agregó que sus declaraciones del IRPF "no han reflejado todos los ingresos que se deducen de los extractos bancarios".
Sobre los expedientes de obras y servicios, detalló a preguntas de la fiscal, Carmen Adam, las anomalías observadas, como una "desproporción y excesiva concentración de adjudicaciones" a empresas del grupo Otaduy -que se llevaron el 80% de las contratas entre 1998 y 2000 y el 93% en este último año-, las contrataciones directas sin justificación o la falta de los informes técnicos de evaluación. Relató otras irregularidades como "un contrato fechado antes de la adjudicación" o 38 expedientes en los que se había pagado más de lo adjudicado, en los que las empresas del grupo Otaduy recibieron "100 millones [600.000 euros] más de lo inicialmente contratado". Respcto a una de las concesiones de las que se ha hablado reiteradamente en la vista, la adjudicación de tres tiendas en el aeródromo a Otaduy, pese a que nunca había trabajado en este negocio, relató que un informe técnico de valoración "no lleva ni fecha ni firma".
El perito confirmó, como han señalado otros testigos, que López-Santacruz asumió diferentes funciones en los expedientes. Cerecedo explicó que en las contratas del grupo Otaduy realizó el pliego, el informe técnico, fue el director del expediente y se encargó del certificado de recepción y el acta de conclusión de la obra.
En la sesión de ayer también declararon dos ertzainas que investigaron una sociedad mercantil creada por López-Santacruz, Selama Everest, tras ser despedido del aeropuerto y que no incluyó entre su patrimonio. Aseguraron que su contabilidad era "muy poco clara".
