Los sindicatos defienden que las empleadas de hogar se integren en empresas

Los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, respaldan la mejora de las condiciones de trabajo que propone el Gobierno para las empleadas de hogar. La norma que regula a este colectivo -formado por unas 600.000 personas, según cálculos prudentes- cercena algunos de los derechos que asisten al resto de trabajadores. En la práctica, más de la mitad de estas empleadas, casi todas mujeres y en gran parte inmigrantes, sobreviven en la economía sumergida. El Ejecutivo prepara una reforma de este sector que negociará en las próximas semanas con patronal y sindicatos.

La CEOE prefiere guardar silencio por el momento. Un portavoz asegura que la organización empresarial está a la espera de que el Ministerio de Trabajo le presente oficialmente su propuesta, aunque fuentes de la negociación aseguran que los empresarios ven con buenos ojos la regulación de ese colectivo.

Las empleadas de hogar equipararán sus condiciones de trabajo con el resto de trabajadores, lo que implicará dejar atrás una normativa arcaica que permite, por ejemplo, detraer hasta un 45% del salario por alimentarlas o alojarlas. Los sindicatos coinciden con el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, en que la mejor opción es integrarlas en empresas a las que los particulares acudirían para solicitar esos servicios. "Así habría una opción más diversificada, desde recoger a un niño del colegio hasta planchar. Es más profesional y garantiza a las dos partes mayor seguridad", argumenta Salvador Bangueses, secretario Institucional de CC OO.

"Lo mejor es que haya una contraparte y ésta sería la empresa", añade Almudena Fontecha, responsable de Igualdad de UGT. Fontecha aboga por la cualificación de este sector, pero advierte de que no se hará "de la noche a la mañana". Trabajo plantea un periodo transitorio de unos ocho años para ir integrando el régimen especial de empleadas de hogar en el régimen general de la Seguridad Social. De esa forma tendrán derecho a paro, a disfrutar de vacaciones seguidas, a un contrato por escrito y a una mejor indemnización en caso de despido. En la actualidad, la ley les impide el acceso a esos derechos. La mejora requerirá una mayor cotización al sistema que no superará los cinco euros adicionales al mes, según Trabajo.

Una cuestión que preocupa a los sindicatos es el control por parte de la inspección. En la actualidad es casi inexistente, pues la ley prima "la inviolabilidad del domicilio". Esta situación mejoraría con la integración en empresas. "En la práctica no se investiga nada", concluye Juan Sánchez, secretario general de la Federación de Servicios de UGT.