La noche más larga en el Supremo
El presidente anunció de madrugada a los jueces que no saldrían hasta tener una resolución
La Sala Especial del Tribunal Supremo se mantuvo reunida ininterrumpidamente desde las once de la noche del sábado hasta las siete de la madrugada del domingo, en la deliberación más larga seguida nunca en el Tribunal Supremo. Una noche que los 16 magistrados pasaron, casi en su integridad, examinando una por una las 133 listas de ANV impugnadas, y viendo las relaciones de candidatos hasta llegar a un fallo que da la razón al Gobierno y al Ministerio Fiscal y declara fuera de los comicios del 27-M todas las listas impugnadas como continuadoras de Batasuna.
Un sector de jueces amenazó con un voto particular para plantear la ilegalización de ANV
Porque a la noche se llegó con casi todo el cuerpo jurídico del auto casi decidido, después de tres días de reuniones, propuestas, deliberaciones, encuentros y desencuentros, y en algunos momentos, discusiones apasionadas y conatos de enfrentamiento. Teniendo detrás un equipo de más de 100 personas entre letrados, administrativos, secretarios y personal de la oficina de prensa, que permanecieron en vela, junto a los periodistas, toda la madrugada. Pero al final, la resolución, una de las más laboriosas a que se han enfrentado por la premura de tiempo, salió adelante y sus artífices, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, tenían motivos para encontrarse ayer absolutamente satisfechos.
Según las fuentes consultadas por este periódico, hubo cuatro momentos en los que la resolución pudo haber sido otra, dadas las objeciones opuestas de un grupo de magistrados.
El primero fue la pretensión de inadmitir de las demandas, propuesta por el último magistrado en acceder a la Sala Especial, Manuel Marchena, de la Sala de lo Penal. Para este magistrado, al haber utilizado el abogado del Estado el cauce de la Ley del Régimen Electoral en vez de la vía del fraude previsto en la Ley de Partidos Políticos, cabía rechazar las demandas. La objeción impulsada por Marchena fue resuelta dando un trámite de audiencia al fiscal y al abogado del Estado, que éstos cumplimentaron aceptando el cauce previsto en el artículo 12.1.b de la Ley de Partidos.
El segundo momento difícil fue en la deliberación del sábado por la mañana, ante el intento de un sector de magistrados, entre ellos el presidente, Francisco Hernando, el presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, y Manuel Marchena, de aprovechar la vía abierta de la ejecución de la sentencia de Batasuna para que la Sala, "de oficio", plantease la ilegalización del partido ANV. Las fuentes consultadas explicaron que los demandantes intentaron el cauce más breve de la ley electoral, porque utililizando el de la ilegalización se tardó cuatro meses en ilegalizar Batasuna. No había más remedio antes de las elecciones. Fue uno de los momentos más duros, pues la minoría amenazó con hacer un voto particular que hubiese empañado la unanimidad con que se ha pronunciado la Sala. La mayoría se impuso y el debate sobre la ilegalización no prosperó.
Las deliberaciones tuvieron también sus momentos distendidos, incluso de buen humor. Buena parte de los magistrados comparten su afición por la ópera y en los descansos se habló de Wagner, mientras alguno se escurría hacia la ventana para fumar sin salir.
Entre las ocho y las diez de la noche del sábado se llegó al punto álgido, al proponerse por algunos que el Gobierno extendiese la impugnación a la totalidad de las listas de ANV. Era ir más allá de lo pedido y también se desestimó. Pero la discusión trascendió esta vez extramuros de la Sala y dio lugar a todo tipo de especulaciones.
Sobre las once de la noche, los magistrados ultimaron y entregaron la sentencia que anula las 246 listas de Abertzale Sozilialistak. De madrugada, el abogado del Estado, Joaquín de Fuentes, y el teniente fiscal Juan José Martín Casallo esperaron en vano más de dos horas en una cafetería cercana a que se la notificasen. Al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo que clausuraban un congreso de fiscales en Fuerteventura, les llegaba la información con cuentagotas. En el Supremo, el presidente, Francisco Hernando, anunció una decisión drástica: no saldrían del edificio hasta acabar el trabajo.
El último momento delicado fue al abordar el fundamento segundo del borrador de la sentencia, en el que se vertían una serie de consideraciones que podía interpretarse como una colleja procesal al Gobierno. Nuevamente, la mayoría se inclinó por hacer una sentencia que no diese pie a interpretaciones en clave política. El fundamento quedó ampliamente mutilado. El magistrado más veterano de lo Contencioso, Ricardo Enríquez Sancho, redactó en tres líneas clave la expresión mayoritaria del alto tribunal: que la Sala se limitaba a juzgar las pretensiones ejercitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, de acuerdo con las exigencias del principio dispositivo. Esto es, que la Sala Especial quería una resolución seria y profesional y no tenía intención de suscitar ningún debate político.
