La escuela, fuente de desigualdad
Varios indicadores confirman la existencia en Cataluña de un incremento progresivo de las situaciones de exclusión en determinados sectores sociales. Las nuevas fuentes de desigualdad que han aparecido en los últimos años están originando situaciones, no ya de riesgo, sino de segregación real en diversos ámbitos de la sociedad. En el entorno escolar se manifiesta un incremento del proceso de dualización entre centros públicos y concertados, lo que puede acabar convirtiendo el sistema educativo en un obstáculo para la equidad social.
Este curso escolar hay en Cataluña 253 escuelas, 10 de ellas concertadas, con un porcentaje de alumnos extranjeros que supera el 30%. Si analizamos las cifras de los primeros cursos de educación infantil en estos centros, todo hace presagiar que la situación se irá agravando irremediablemente en los próximos años. En el extremo opuesto encontramos 420 escuelas, entre públicas y privadas, con un porcentaje de menos del 1% de población extranjera.
Es la primera vez que la escuela pública y la privada comparten un diagnóstico del sistema educativo
Resulta sorprendente que, con un índice del 12% de alumnado extranjero en Cataluña, se puedan producir situaciones tan dispares en centros educativos de una misma zona escolar con un cierto equilibrio entre la oferta pública y la privada. En el barrio barcelonés de Gràcia, por extrapolar una situación que se generaliza en muchos municipios, hay tres centros, dos públicos y uno privado, que distan entre sí tan sólo unos centenares de metros. Uno de los institutos públicos acoge el 48,2% de población inmigrante, el otro el 11,4% y el centro concertado tan sólo el 0,4%.
Lo que esta situación está originando es un abandono progresivo de la escuela pública por parte de las clases medias, que optan por la escuela concertada como refugio ante la llegada de la inmigración. El acceso a la privada depende cada vez más del nivel de renta de las familias, lo que supone una discriminación para un sector importante de la población. La gratuidad, la falsa gratuidad que pretendían las leyes de los años ochenta para homogeneizar las condiciones en la escolarización, no ayuda lo suficiente para impedir la selección del alumnado que practica una parte de los centros de la enseñanza privada.
El decreto de admisión de 2004, elaborado por el primer Gobierno tripartito, supuso un avance en relación con otros decretos anteriores. Se proponían medidas para distribuir equilibradamente el alumnado con necesidades educativas específicas dando más protagonismo a los ayuntamientos. Para ello se crearon las Oficinas Municipales de Escolarización como espacios de responsabilidad compartida entre las dos administraciones. Pero un marco legal poco propicio, la LOCE del Partido Popular, comportó suspensiones cautelares en el núcleo del decreto y despojó a las Oficinas y a las comisiones de escolarización de las atribuciones esenciales que habían de permitir las correcciones al sistema anterior.
En la primavera de 2006 se firmó el Pacto Nacional con el claro objetivo de resolver las disfunciones de la doble red educativa. Se otorga el máximo protagonismo a la Administración educativa, en la que radicará el despliegue de los compromisos y la financiación correspondiente. Se asignan importantes recursos a la escuela pública (sexta hora, incremento de las becas...) y se anuncia la gratuidad real de los centros concertados con voluntad de servicio público. El Pacto Nacional es la primera ocasión en que la escuela pública y la privada se sientan en una mesa para compartir un diagnóstico del sistema educativo y así colaborar en la cohesión social. Días después se produce una modificación sustancial del marco legal con la aprobación de la LOE en el Parlamento. Con la incorporación de algunas enmiendas de última hora se abre la puerta a la posibilidad de introducir cambios importantes en los procesos de admisión.
El Departamento de Educación ha aprobado recientemente el decreto de admisión de 2007. El nuevo texto se ha limitado a introducir los parámetros de decretos pretéritos. Sorprende la falta de determinación en la actual redacción. No se introduce ni una sola estrategia correctiva consistente. Se vuelve así a los procedimientos de admisión de siempre, aquellos que no han funcionado en el pasado, y además se aplica en un escenario que se ha modificado radicalmente en la última década. Tampoco se ha considerado la participación activa de los agentes del pacto, de una comunidad educativa que está dispuesta a trabajar por los retos del país y por evitar el enfrentamiento entre la red pública y la privada.
¿Por qué no se limita en el decreto el porcentaje máximo de alumnado con necesidades educativas específicas en el primer acceso a las aulas tal como prevé la LOE en su artículo 87.1? ¿Por qué no se da más protagonismo a los ayuntamientos en el proceso de distribución equilibrada y equitativa de este tipo de alumnado?
A todo esto, la oposición en el Parlament muestra una cierta desorientación. Parece desconocer que el Estatuto exige que estos asuntos pasen por la Cámara catalana y no que sean aprobados en un decreto. Su discurso se limita a la crítica de los grandes números, sin tener en cuenta que la población inmigrante ha crecido el 500% en los últimos siete años, que la ubicación de las escuelas privadas no facilita siempre el acceso de la inmigración y que la oferta privada, a diferencia de la pública, ha crecido poco en los últimos años.
Todo ello indica que la Administración educativa está desarrollando una política epidérmica, de no incomodar a nadie y de no querer abordar los problemas de fondo de la educación. Gobernar por omisión, no ejecutar el consenso del Pacto Nacional, desaprovechar el nuevo marco legal o marginar los municipios, puede suponer la reconversión de la escuela en una fuente de desigualdad social.
Carles Martínez es ex subdirector general de Escolarización del Departamento de Educación.
