El Aljarafe se rebela
Cuando se construye una casita en un monte, acaba formando parte del paisaje. Cuando se construye un hotel, el paisaje acaba formando parte del hotel. Lo que antes era de todos, ahora es de unos cuantos. Esta sencilla premisa, que vale también para playas y acantilados, parques, etcétera, debería figurar en alguna ley que tuviera por eje el más delicado y público de todos los derechos: el derecho al paisaje. Por lo menos hasta que los ricos deciden privatizarlo, con la anuencia de munícipes bobos, o blandos, o cómplices. Se entiende así que el Algarrobico se haya enseñoreado de una de las cumbres más famosas del enredo administrativo (y camino va de adueñarse ahora de quince millones de los contribuyentes). Que en el entorno protegido de Medina-Azahara existan 400 parcelas ilegales, esta vez de la mano del Ayuntamiento de Córdoba (¿tú también, Rosa?). Que en los alrededores del Parque Natural de Sierra de las Nieves, el ayuntamiento de Ronda pretenda autorizar 800 chalés, dos hoteles de lujo y el consabido campo de golf. (De "golfos", dice la ocurrencia popular). O que alrededor del precioso jardín diseñado por Forestier en 1928, en Castilleja de Guzmán, del Aljarafe sevillano, unos desalmados pretendan apropiarse de las suaves ondulaciones de un paisaje que ya debieron contemplar los habitantes de Tartessos.
Obsérvese que no estamos ante casos "normales", como esos 2.000 chalés ilegales de Almería o las recalificaciones que el dadivoso alcalde de Málaga está dispuesto a conceder a diversas órdenes religiosas para que se embolsiquen hasta quince millones de euros. No, en todos los antes citados se produce un salto cualitativo en la ya aburrida serie de desmanes urbanísticos, cual si las rapaces tuvieran que ascender un poco más en sus oteros: el salto al espacio natural o cultural, ya sea en su interior, ya en el entorno inmediato. La causa es evidente: agotados los terrenos y los ediles fácilmente "comprables", ciertos promotores han iniciado la subida al monte que queda: los espacios y entornos protegidos. Sucede que al Aljarafe han emigrado muchos especuladores, literalmente expulsados de la ciudad de Sevilla (espero que los votantes lo tengan en cuenta en las próximas elecciones municipales, y que no se olviden de Tablada), y con ellos auténticos lobbies de arquitectos y urbanistas, la mar de progres algunos. Ductilidad profesional, se llama el fenómeno. Todo eso ha contribuido no poco a la congestión urbanística del Aljarafe y a un descenso alarmante de la calidad de vida. Y es lo que sin duda ha hecho también saltar las últimas alarmas de la Junta de Andalucía y de la Fiscalía de Medio Ambiente, además de agotar la paciencia de simples ciudadanos. Esto último es lo que ocurre con una plataforma muy activa (www.aljarafehabitable.es), dispuesta a defender, entre otras cosas, una de las últimas atalayas que quedan sobre el paisaje histórico del Valle del Guadalquivir.
Merecerá la pena detenerse un poco sobre este elocuente caso. Se trata, el jardín de Forestier, de un declarado Bien de Interés Cultural, adscrito a un colegio mayor dependiente de la Universidad de Sevilla. (Por cierto, si se animan a visitarlo, no dejen de asombrarse ante el escudo franquista, de grandes proporciones, que todavía recibe al visitante en el fachada principal y lo despide en la trasera del edificio; o sea, dos por falta de uno). Hace cosa de un año, la propia Consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, fue a visitar esos jardines, advertida por la ciudadanía de un proyecto de urbanización sobre la zona de protección, amparado por el propio Ayuntamiento, cuyo alcalde, curiosamente, había hecho campaña electoral con una aguerrida defensa de esos espacios libres. Sobre la marcha, y cuando la responsable del urbanismo andaluz contempló la maravillosa vista que proporciona el mirador del parque, dijo algo así como "aquí no quiero ver ni una sola casa". Y también sobre la marcha, según las diversas fuentes consultadas, un edil que formaba parte de la comitiva, se fue derecho a un árbol y empezó a darse de cabezazos contra él. El pasado 1 de noviembre, otra mujer, Ana Linares, Fiscal de Medio Ambiente, giró visita al mismo enclave, así como a otro acosado por parecidos peligros, el dolmen de Montelirio, y, a requerimiento de la plataforma ciudadana, ha emitido un primer informe, de fecha 30 de enero, donde dice: "comprobé cómo el daño que se puede causar a ambos [Bienes de Interés Cultural] puede resultar catastrófico e irreparable", y da traslado de su advertencia a las distintas autoridades competentes.
Por otra parte, la Comisión Provincial de Urbanismo acaba de rechazar, en su reunión de febrero, un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) similar, el de Castilleja del Campo. Según se dice, junto con Huércal-Overa (Almería) y Albolote (Granada) son las primeras "víctimas" del POTA, el flamante Plan de Ordenación del Territorio Andaluz, que impide a todos los municipios proyectar incrementos de población superiores al 30%. Con esos antecedentes, todo permite esperar que el PGOU de Castilleja de Guzmán tampoco salga adelante. Pero crucemos los dedos.
