Imputado el Grupo Mirador por presunta estafa al vender pisos no construidos
El juez impone una fianza de 40.000 euros al apoderado de la sociedad inmobiliaria
Un juez de Málaga investiga una presunta estafa cometida por una conocida inmobiliaria, el Grupo Mirador, que en el año 2002 vendió pisos de una promoción en Rincón de la Victoria que, cinco años después, están sin construir y ni siquiera tienen todavía la pertinente licencia de obras. Una veintena de familias podrían estar afectadas por la presunta estafa, investigada tras la denuncia de una de ellas. El juez instructor del caso ha impuesto una fianza de 40.000 euros al apoderado de la sociedad, Leopoldo Faura, por las eventuales responsabilidades del caso.
La inmobiliaria achaca el retraso a exigencias del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
La empresa mantenía en contratos firmados en 2002 que estaban iniciadas las obras
El denunciante firmó en noviembre de 2002 un contrato de compraventa con el Grupo Mirador de una vivienda con garaje en la promoción Mirador de La Cala, en Rincón de la Victoria, por la que ya ha anticipado 24.000 euros. En las exposiciones de aquel contrato, la inmobiliaria hacía constar que "las obras de promoción se están ejecutando conforme a la dirección del arquitecto D. Sergio Bech Vera, por el cual se han solicitado las licencias y autorizaciones administrativas legalmente precisas".
No sólo es falso que en aquel momento la promoción se encontrara en obras, sino que casi tres años después, el 26 de agosto de 2005, el arquitecto municipal de Rincón de la Victoria emitió un informe en el que aseguraba que la parcela donde se iba a levantar la promoción "no cuenta con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente y adaptado a las exigencias del PGOU en vigor" y que "actualmente no hay solicitada siquiera licencia de obras por la promotora".
El arquitecto Sergio Bech reconoció al juez que lo único que se hizo fue el estudio de detalle, trámite urbanístico necesario exigido por el Ayuntamiento, en diciembre de 2001 y que en abril de 2003 el consistorio requirió más información, y desconocía lo ocurrido después porque dejó de trabajar para el Grupo Mirador.
El apoderado de la empresa, Leopoldo Faura, a quien el juez ha impuesto una fianza de 40.000 euros para responder por las posibles responsabilidades de la presunta estafa, testificó el pasado 8 de febrero que en el momento de firmar los contratos desconocía la situación urbanística de la parcela, y que los hizo porque confiaba en la asesoría jurídica de la empresa.
El Grupo Mirador argumenta que la promoción no se ha realizado por inconvenientes ajenos a su voluntad, porque el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria le conminó en dos ocasiones a reducir la edificabilidad del proyecto, en una fuerte pendiente, después de las graves inundaciones ocurridas en la ciudad en marzo de 2003. Según la empresa, hace un año se firmó un convenio con el Ayuntamiento por el que se comprometió a reducir a 24 el número de viviendas de Mirador de la Cala y recibir a cambio del consistorio una edificabilidad complementaria en otro lugar.
Según declaró al juez el administrador único y propietario de la inmobiliaria, Enrique Faura, los compradores han estado informados "en todo momento" de los inconvenientes y con algunos de ellos se ha producido un acuerdo para la devolución de las cantidades ya pagadas, aunque reconoció que 23 mantienen sus contratos con los que la promotora se ha comprometido a mantener los precios previstos inicialmente.
Para asegurar las cantidades abonadas por los compradores, la promotora contrató una póliza con Caja Hipotecaria Centro Sur, entidad sancionada por el Banco de España cuyos responsables se encuentran en paradero desconocido. Además, Unicaja ha certificado que la cuenta en la que Grupo Mirador asegura que ingresó las cantidades abonadas por los compradores no se abrió con carácter especial y restringido como es preceptivo para tales fines.
