La derecha contraataca
No sé si los que formamos la izquierda catalana hemos alcanzado a captar la importancia de la reedición del pacto de Gobierno en la Generalitat. La derecha política y sobre todo, económica, sí. El Gobierno presidido por Maragall supuso un cambio radical después de 23 años de gobiernos de CiU apoyados frecuentemente por el PP. Marta Ferrusola lo expresó mejor que nadie al referirse a que era "como si les hubieran entrado en casa". Pero los propios errores del Gobierno tripartito, la presión generada por la negociación del Estatuto, y la famosa foto Zapatero-Mas hicieron concebir en sectores conservadores la esperanza de que la experiencia de un Gobierno catalanista y de izquierdas sería un paréntesis en la historia política catalana y que las elecciones anticipadas del 1 de noviembre de 2006 volverían a colocar las cosas en su sitio. No fue así y ahora los analistas más conscientes de la derecha intuyen que el Gobierno de izquierdas puede durar cuatro, ocho o más años.
En el Gobierno de Montilla ICV-EUiA ha pasado a ocupar el centro del debate político
El Gobierno de Maragall se caracterizó por el hecho de que era ERC, a veces por propia responsabilidad, casi siempre por la intransigencia de sectores reaccionarios, el objeto de confrontación política. En cambio, ICV-EUiA, de la que esos sectores temen su apuesta por políticas de izquierdas, apareció, gracias sobre todo, al papel de Joan Saura como un elemento de estabilidad. Las últimas elecciones han permitido un nuevo pacto de izquierdas, pero con una novedad respecto a 2003: mientras que PSC y ERC perdían fuerza electoral y representación parlamentaria, Iniciativa las aumentaba. El mayor peso político de ICV-EUiA no apareció, al principio, con claridad en la estructura de Gobierno debido a la decisión de reducir el número de consejerías. Pero el efecto empieza a notarse ahora: sólo hace falta analizar los interlocutores del Gobierno de Madrid con relación a todos los departamentos de la Generalitat, y en particular a los gestionados por Iniciativa: Interior y Relaciones Institucionales y Participación se relaciona con dos ministerios, Interior y Administraciones Públicas, y además para cuestiones de desarrollo estatutario y memoria histórica con la vicepresidenta del Gobierno; Medio Ambiente y Vivienda lo hace con las ministras responsables de esos dos departamentos. Desde otro punto de vista, los consejeros Saura y Baltasar gestionan la acción gubernamental sobre dos de las principales preocupaciones de la ciudadanía (vivienda y seguridad) y sobre dos materias que afectan directamente a determinadas concepciones del desarrollo (medio ambiente) y a la recuperación de la memoria democrática, que todavía levanta resentimientos ideológicos. Que los herederos del PSUC, hoy miembros del Partido Verde Europeo, tengan esas responsabilidades es demasiado para determinadas mentalidades.
De ahí nacen algunos ataques. Grupos como CiU y el PP, sectores económicos y comentaristas políticos que hace años habían expedido el certificado de defunción de ICV, han pasado del menosprecio de la invisibilidad a la crítica furibunda. Sin embargo las encuestas continúan anunciando nuevas subidas electorales de ICV-EUiA y la mejora constante de la imagen pública de Joan Saura.
Un ejemplo de esas críticas lo constituye la descalificación de ICV-EUiA para dirigir la política de Interior. Se pretende presentar a esa coalición como capaz de gestionar tan sólo determinadas políticas sectoriales, pero se la invalida para gobernar elementos troncales de la acción pública o para gestionar globalmente un país.
El caso de Interior es significativo. Porque, el PSUC, primero, y ICV-EUiA después, siempre han presentado propuestas sobre la seguridad pública, han ejercido esa responsabilidad en importantes ciudades y han mantenido siempre una actitud de diálogo en los años de Gobierno de CiU que hizo posible la negociación y el voto afirmativo a las principales leyes que han configurado el modelo de seguridad de Cataluña. Además, los temores son infundados: Saura aplicará el programa de Gobierno pactado por PSC, ERC e Iniciativa, y además acaba de ofrecer al resto de partidos, en especial a CiU, un gran acuerdo nacional sobre las cuestiones fundamentales en esta materia, que incluye la culminación del despliegue de los Mossos d'Esquadra sobre la totalidad del territorio catalán.
Pero, como en todo departamento, existe un margen de actuación para imprimir un sello propio a la materia que se gestiona. Saura se propone crear el Consejo de Seguridad de Cataluña: ICV defiende que la participación de la sociedad civil no debe ser excluida del campo de la seguridad ciudadana. También pretende priorizar la lucha contra la violencia de género o crear un comité de ética policial.
Un aspecto ha centrado las críticas de la derecha: la puesta en marcha de un plan para facilitar la incorporación de personas procedentes de la inmigración al Cuerpo de Mossos d'Esquadra. No se trata de darles ventajas, sino de situarles en pie de igualdad con el resto de candidatos que superar las pruebas de acceso. El objeto no es reducir el déficit de mossos que el proceso de despliegue ha generado y que se solucionará el año 2009, sino conseguir que la policía refleje la realidad social a la que debe servir. El tema está más que estudiado y aplicado en diversos países. El año 2000, en época del Gobierno de CiU, el Centro Unesco de Cataluña publicó el libro Policía catalana i multiculturalitat, en el que diversos expertos, entre los que se encontraban destacados funcionarios de la Escuela de Policía de Cataluña analizaban la cuestión y proponían medidas como las que ha avanzado el consejero Saura. La diferencia estriba en que CiU decidió políticamente no aplicar la medida y que ahora la izquierda se ha comprometido a convertirla en realidad.
Los electores de ICV-EUiA han de acostumbrarse a esta nueva situación: hemos pasado a ocupar el centro del debate político pero acostumbrarse no implica aceptar la crítica sin réplica.
Jaume Bosch es vicepresidente de ICV y portavoz del grupo parlamentario ICV-EUiA.
