El alcalde de Vila-real firma resoluciones pese a su inhabilitación

El alcalde de Vila-real (Castellón), Manuel Vilanova (PP), condenado a ocho años de inhabilitación por prevaricación, se mantiene en su cargo. La Audiencia Provincial de Castellón, la misma que le absolvió antes de la pena del Tribunal Supremo, atendió su solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia hasta que se resuelva su petición de indulto. La oposición ha pedido al secretario que dictamine sobre la situación.

El alcalde sigue convocando plenos, firmando resoluciones y votando actuaciones pese a que la sentencia es firme. La apariencia de normalidad que Vilanova pretende imponer en el funcionamiento del Ayuntamiento ha provocado una situación de inseguridad jurídica. Así, PSPV, Esquerra Unida y Bloc, los tres partidos que tienen representación en el Ayuntamiento, aparte del PP, han solicitado al secretario municipal que dictamine sobre la validez de las decisiones que está tomando pese a estar condenado.

En un escrito, presentado ayer por registro, los tres grupos solicitan al secretario que redacte un informe sobre la situación jurídica en que se encuentra el Consistorio después de la sentencia del Tribunal Supremo, y piden al secretario que explique si existe posibilidad "de acuerdo con la jurisprudencia o precedentes anteriores y atendiendo a la firmeza e imposibilidad de recurrir la sentencia, de que la inhabilitación fuera efectiva desde el mismo día en que se dictó la sentencia y, por tanto, las decisiones que se adopten pudieran ser nulas o anulables por la efectividad de la inhabilitación".

En el documento, los tres grupos han dejado además patente que el conocimiento que han tenido tanto la sentencia como la suspensión de su ejecución y la solicitud de indulto ha sido a través de los medios de comunicación, ya que el PP se ha negado a convocar una junta de portavoces para tratar la situación del alcalde.

En su exposición, los concejales de la oposición (que suman 10 frente a los 11 del PP), firman su consideración de que al tratarse de una sentencia firme, "podría darse una situación de inseguridad jurídica ante la continuación del ejercicio de funciones por parte del alcalde, quien convoca los plenos, continúa dictando decretos y ejerciendo sus funciones como si nada hubiera sucedido en este Ayuntamiento".

En el escrito, los concejales incluso expresan las "dudas" que les han planteado "expertos en la materia", que se basan en el único hecho de que no hay precedentes de una situación como ésta.

Aún así, añaden que dado que la sentencia es firme, "lo que hace el alcalde es pedir perdón al Gobierno", con lo que las decisiones que se tomen en los plenos que convoca, así como la validez de su voto "podrían ser recurridos por los ciudadanos que crean vulnerado algún derecho y pedir la nulidad de los actos, lo que llevaría a una inseguridad jurídica y a un aumento de la litigiosidad en este Ayuntamiento", tal como indica el escrito.