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Los vecinos y la oposición rechazan los presupuestos presentados por Barberá

EU-L'Entesa no interviene en el debate al que asiste la candidata Carmen Alborch

Los presupuestos del Ayuntamiento de Valencia se aprobaron ayer con los votos en contra de la oposición, como mandaba el guión, y con el rechazo de la federación de asociaciones de vecinos. La concejal de EU-L'Entesa, María Victoria González, no intervino en el debate sobre las cuentas consistoriales y aseguró que el motivo de esta decisión respondía a "la falta de acuerdo consensuado" en la elección de los consejeros generales de las cajas. La socialista Carmen Alborch acudió por primera vez al pleno municipal desde su proclamación como candidata a la alcaldía.

"Mantenemos una senda de crecimiento", aseguró ayer el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, respecto de las cuentas consistoriales para 2007. El edil, sin embargo, no explicó que, pese a que cada año el Ayuntamiento cuenta con más recursos económicos, el crecimiento porcentual de este incremento es cada vez menor. Si en 2005 el presupuesto aumentó en un 9,1%, en 2006 este crecimiento fue del 4,7% y en 2007 del 4,6%. Las cuentas municipales, que ascienden a 715,8 millones de euros -además de los 115 destinados a empresas municipales y organismos autónomos- fueron aprobadas en solitario por el equipo de Gobierno del PP. Además, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia mostró su rechazo a un presupuesto que, según denuncian en un comunicado, no prevé inversiones para crear o ampliar equipamientos dotacionales de barrio. Un punto que, según Senent, es una de las prioridades del presupuesto.

La presencia de Carmen Alborch y la renuncia a intervenir en el debate de la portavoz de EU-L'Entesa, María Victoria González, marcaron la sesión plenaria del hemiciclo. Mientras González aseguró que renunció a la palabra para mostrar su rechazo a "la falta de acuerdo consensuado" en la elección de los consejeros generales de Bancaja, Caixa Ontinyent y CAM, algunos miembros de la corporación atribuyeron su silencio al enfrentamiento que mantiene la edil con la dirección de Esquerra Unida.

Por otro lado, la candidata socialista a la alcaldía criticó los presupuestos ya que, a su modo de ver, "se invierte más dinero en pagar la deuda que en inversiones reales". Alborch quien hizo estas declaraciones antes del inicio del debate abogó por una política más transparente y participativa y por la modernización de la administración. La ex ministra de Cultura afirmó que hace falta incrementar la inversión educativa y crear más equipamientos de barrio.

El concejal socialista Juan Ferrer aseguró que la presión fiscal que soportan los valencianos ha subido un 4%, pasando de 425 a 441 euros, que el Gobierno local tiene paralizados 73 millones para evitar su cómputo en el endeudamiento y que las inversiones de la administración central suponen un 35% de lo presupuestado. Senent calificó las criticas del PSPV de irreales y subrayó que las partidas más importantes se destinan a las áreas de deportes, cultura y juventud con 83 millones de euros; policía local, prevención de incendios y mantenimiento con 98 millones de euros; y Bienestar Social con otros 81.

La zona Woody y la subestación

La aprobación definitiva de la declaración del entorno de la discoteca Woody como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) despertó ayer la protesta de la Federación de Hostelería de Valencia (FEHV). Algunos de sus representantes se concentraron frente al edificio consistorial y después intervinieron en el pleno municipal donde aseguraron que esta medida "supondrá el cierre de 40 establecimientos y el despido de 200 profesionales". La concejal socialista Carmina del Río lamentó que la decisión se tome a golpe de sentencia -el TSJ condenó al Ayuntamiento y lo obligó a aplicar la ordenanza sobre ruidos- La edil, quien votó a favor de la declaración, aseguró que si el consistorio hubiera fomentado una mayor presencia policial y hubiera restringido el tráfico en la zona ahora no sería necesario aplicar esta medida que implica restricción de horarios y actividades en la vía pública.

La puesta en marcha de la subestación eléctrica de Patraix fue, después del debate presupuestario, el punto más conflictivo. La concejal de EU-L'Entesa, María Victoria González, defendió a los vecinos del barrio, quienes luchan por la reubicación de la instalación que consideran un peligro para su salud. González acusó al consistorio de "lavarse las manos" ante el funcionamiento de la subestación "que no tiene la preceptiva licencia de actividad".

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