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Zapatero niega que haya atribuido a los jueces presiones contra el proceso de paz

El presidente del Gobierno acusa al PP de no respetar la instrucción del sumario del 11-M

"Están en otro lado aquellos que pueden intentar dificultar el resultado del proceso de paz". Con esta frase, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negaba en el Pleno del Congreso que los jueces entorpezcan tal proceso ni que él les haya atribuido ese propósito. Respondía Zapatero al líder del PP, Mariano Rajoy, que le adjudicó tal acusación a él y a "numerosos dirigentes de su partido". Zapatero exigió a Rajoy que mantenga el mismo respeto para los jueces, el fiscal general del Estado y "para la instrucción de algún sumario, como el del 11-M".

Rajoy atacó asegurando que Rodríguez Zapatero había dicho que "algunas actuaciones judiciales dificultan el proceso de paz", y le exigió una rectificación y que desautorizase afirmaciones "de dirigentes del Partido Socialista del País Vasco que se producen todos los días".

El presidente del Ejecutivo contestó tajante que "los jueces cumplen con su tarea, con el respeto y el respaldo del Gobierno. El Gobierno, en el proceso de paz, hace lo que tiene que hacer y, en todo caso, están en otro lado aquellos que pueden intentar dificultar el resultado del proceso de paz".

Como Rajoy había atacado al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, del que dijo que "interpretaba la ley según sopla el viento", Zapatero le respondió que un adecuado funcionamiento del Estado de derecho exige también "respetar cómo interpreta la ley el fiscal general del Estado" y le pidió que el PP "respete la instrucción de algún sumario, como el del 11-M, después de llevar dos años cuestionando la acción de la justicia".

Para acabar, Zapatero insistió en que ha defendido siempre la independencia de los jueces y le pidió al líder del PP que no tergiversara sus palabras, para aprovechar la ocasión y atacar el vídeo del PP sobre seguridad ciudadana. "Los intentos de exagerar", le dijo a Rajoy, "les llevan a fracasos como las imágenes del vídeo de inseguridad ciudadana, que tenían que haber rectificado ya, confundiendo 1996 con 2006 y Colombia con España".

No fue ésta la última vez que el vídeo trucado del PP salió a relucir en la sesión de control. La ausencia de varios ministros por compromisos internacionales motivó una especie de represalia parlamentaria por parte del PP, que formuló seis preguntas a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

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A Alicia Castro, diputada popular que mencionó la supuesta falsificación de documentos en el caso del ácido bórico, le espetó De la Vega que ellos habían falsificado el vídeo sobre seguridad, y volvió a insistir con Alejandro Ballestero (PP) sobre "el papelón" que le había tocado hacer tras el "espectáculo" del vídeo.

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