La rebaja de los peajes costará 100 millones de euros anuales al erario público a partir de enero

La política de rebajas de peajes ha entrado en una fase límite. Las que se apliquen a partir del 1 de enero (Mollet, Rubí, túnel del Cadí y Alella) incrementarán los pagos que realizan las administraciones a las empresas concesionarias. Con los correspondientes a otras vías, sumarán unos 100 millones de euros al año con cargo al erario público. ICV cree que no se trata de una política de reequilibrio de peajes, sino de un sistema de parches que no aguanta más. El propio Gobierno catalán, que tiene que pagar unos 42 millones de ese centenar, tiene dudas sobre la idoneidad del sistema.

La rebaja más conocida es la de la carretera B-30, el tramo de la AP-7 que se inicia en El Papiol y finaliza en el Vallès. Esa rebaja provocó en su día un enfrentamiento entre el Gobierno del PP, que entonces tenía como ministro de Fomento a Francisco Álvarez-Cascos, y el Gobierno catalán.

El motivo del desencuentro fue la foto que se hizo el entonces consejero de Política Territorial, Pere Macias, en la barrera que se iba a eliminar con cargo al ministerio. Fomento se tomó muy mal el asunto porque eran ellos quienes pagaban y la foto se la llevaba CiU. Y eso que entonces populares y nacionalistas eran socios parlamentarios sin apenas discrepancias.

Siete años después se ha comprobado que el resultado de aquella rebaja ha sido catastrófico para las arcas públicas. Y es que en el año 1999 utilizaban el tramo de pago de la B-30 una media diaria de 33.613 vehículos de un total de 70.219 que circulaba por toda la autopista. Es decir, menos de la mitad de los usuarios de la AP-7 optaban por pagar en la B-30. El resultado, eso sí, era un colapso casi perpetuo en sus laterales gratuitos.

Seis años después, en 2005, el número de vehículos que utilizaban la autopista diariamente había aumentado hasta 111.353, pero el de los que pasaban por la B-30 gratuitamente gracias a aquel acuerdo político era de 98.705. Es decir, el aumento de usuarios de la autopista es del 58%, pero el incremento de usuarios del tramo de la B-30 es del 193,7%. Con la particularidad de que la concesionaria sigue cobrando por cada vehículo que pasa, sólo que en vez de pagar el conductor lo hace el erario público. Para ACESA, la eliminación del peaje ha sido un más que excelente negocio, como ya denunció en su día el diputado de ICV en el Parlament Joan Boada.

El coste de esta medida, cuyo importe exacto no ha sido facilitado por el Ministerio de Fomento, es de unos 36 millones de euros al año. A esta cantidad hay que añadir los 12 millones que el Ejecutivo ha asegurado que costarán las rebajas que se aplicarán a partir de enero y los 42,3 millones que paga el Gobierno catalán por diversos motivos. A todo ello se ha de sumar una cantidad de unos 10 millones de euros que también van también a cargo de Fomento. Total: 100 millones anuales para las concesionarias, porque los peajes siguen estando ahí. Y, lo que es peor, la supresión con cuentagotas de estas barreras amenaza con prender de nuevo la mecha de la protesta por agravios comparativos entre poblaciones.

Es lo que está ocurriendo en la zona de la autopista AP-7 que transcurre desde Martorell a Vilafranca del Penedès. Los alcaldes han visto con muy malos ojos que se anunciaran rebajas en el norte de Barcelona (Alella y Mollet) y ninguna en el sur. En una fase anterior, el entonces presidente del Consejo Comarcal del Baix Llobregat, José Luis Morlanes, tenía medio apalabrada una rebaja en el peaje de Martorell que finalmente ha quedado en nada.

El propio consejero en funciones de Política Territorial, Joaquim Nadal, ha descartado rebajas en Martorell aduciendo el elevado coste que supondrían, que ha calculado en unos 80 millones anuales. Pero los alcaldes aducen que si hay dinero para acabar con el peaje de Mollet, debe haberlo también para el de Martorell.

Quejas en el Maresme

Y lo mismo ocurre en la C-32, que va de Barcelona a Palafolls, donde la supresión anunciada del peaje de Alella ha hecho que otros alcaldes del Maresme se pregunten por qué no se suprimen otros peajes situados más al norte. Las cosas se han movido, hasta el momento, sin grandes voces porque la campaña electoral ha actuado como sordina. Los socialistas preferían que el asunto no saliera a la luz y en ello les acompañaba CiU, cuya actitud en materia de peajes ha resultado errática y ha ido desde el rechazo frontal a cualquier rebaja a propuestas de rebajas universales.

ICV está en contra de las rebajas de peajes, ya que entiende que el dinero público debe ir, de modo absolutamente prioritario, al transporte público y no al privado, según explica el propio Boada. Esta postura, sin embargo, no resulta especialmente atractiva para los conductores, de modo que ICV no lo ha ocultado, pero tampoco ha convertido los peajes en elemento central. ERC, que defiende las posturas más radicales, tampoco ha conseguido que el debate prendiera durante la campaña. Pero la ampliación de las rebajas a partir de enero y los pagos obligados de los incrementos aplazados en su día por CiU hacen que el asunto vuelva a la actualidad.