El PP alega en su recurso que se vulneran hasta cinco preceptos constitucionales

El PP considera en el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional que el canon ecológico de la Ley de Aguas vulnera hasta cinco preceptos, entre ellos el que prohíbe la doble imposición, e invade competencias de las diputaciones forales y de comunidades limítrofes. A su juicio, su puesta en marcha supondrá un incremento del recibo del agua, sólo persigue lograr una mayor recaudación y es "un invento" del Gobierno vasco "para financiar un nuevo chiringuito" como la Agencia Vasca del Agua.

El parlamentario del PP Antón Damborenea señaló que supone "establecer tributos sobre hechos imponibles ya gravados", con lo que se pagaría "dos veces por lo mismo". A ello se une la "invasión competencial" del Gobierno vasco sobre las diputaciones por imponer a los ayuntamientos cómo deben regular sus ordenanzas fiscales. Damborenea estima que se incumple la disposición adicional primera de la Constitución, que señala el respeto y amparo de los derechos de los territorios históricos y se va en contra del Concierto Económico, donde se establece que "las diputaciones forales y las Juntas Generales son las únicas que tienen competencia para regular y legislar esta materia".

Otra comunidad

El tercer precepto que vulneraría el canon se refiere a que afecta a otras comunidades autónomas. El parlamentario del PP expuso que parte del suministro para Bilbao procede del embalse de Ordunte (Burgos). "Debería ser la comunidad de Castilla y León la que nos cobrara el consumo de esa agua, según la nueva ley, y no el Gobierno vasco". En cuarto lugar, los populares afirman que contraviene la directiva comunitaria sobre el agua, al no cumplir el objetivo de penalizar la contaminación -"no paga más quien más contamina, sino quien consume más"- ni la recuperación de costes, porque en el Gran Bilbao se ha "sobrefinanciado" para acometer su plan de saneamiento.

El quinto incumplimiento sería el del principio de legalidad, al establecer bonificaciones en el pago del canon de hasta el 95%. "Pero no se tipifica si es sobre la cuota o la base imponible y no se dice cómo se accede a la bonificación. Será el Gobierno el qué decida quienes son los beneficiarios", indicó.

Los populares destacaron la complejidad de aplicar el canon cuando ahora la administración tiene problemas para realizar un control periódico del consumo -hay trimestres en los que no se mide-. "Al final lo que va a pasar es que el Gobierno vasco les va a cobrar a los ayuntamientos y a los consorcios lo que él estima que debe cobrar y luego los ayuntamientos van a subirnos a todos nosotros el recibo del agua".