Sintrabi acusa al Ejecutivo de impedir un acuerdo en el conflicto del Puerto de Bilbao

El sindicato de transportistas Sintrabi, al que están afiliados 800 de los 1.200 camioneros autónomos que trabajan en exclusiva en el Puerto de Bilbao, acusó ayer al Gobierno de "interferir" e impedir un acuerdo sobre el conflicto en el transporte de mercancías. Los dirigentes de Sintrabi, que fueron detenidos la pasada semana y puestos en libertad tres días después sin medidas cautelares, consideran que "los que tienen el poder" en Euskadi están tras la operación. Sin embargo, renucian a medidas drásticas y buscarán una negociación para resolver la situación del Puerto.

Sintrabi ha sido el principal afectado en la operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Juan de Olmo por los presuntos delitos de extorsión, asociación ilícita, coacciones y amenazas, fraude, cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas en el Puerto de Bilbao. De las 19 personas detenidas, 14 están vinculadas a esta organización: 13 sindicalistas y la esposa de uno de ellos. La cúpula del sindicato compareció ayer para valorar lo que calificaron de detenciones "injustas y desproporcionadas".

El secretario general técnico, Daniel González, leyó un comunicado en que sostienen que la investigación sobre el modelo del transporte de contenedores -un sistema cerrado a la competencia, que asigna las cargas sólo a los que están dentro de él- no ha sido parcial, ya que no ha afectado a otras empresas y a camioneros que trabajan con el mismo modelo. "Se hace una diferenciación clara entre quienes tienen el beneplácito del poder y quienes no", afirmaron antes de destacar que no existe ninguna investigación en el puerto de Pasajes, con un funcionamiento similar pero controlado por dos empresas.

Este sindicato criticó la postura de las instituciones, en especial del Gobierno, la Diputación de Vizcaya y la Autoridad Portuaria, que desde hace dos años promueven un foro para buscar una solución pactada. Pero Sintrabi cree que a ellos se le aplica la política "del palo y la zanahoria", al mantener la negociación y las investigaciones sobre su actividad. "Queremos recordar que todo esto nace de la denuncia interpuesta por el Departamento de Transportes del Gobierno vasco ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia [en 2005], que posteriormente le pasa la patata caliente a la Audiencia Nacional".

Sintrabi cree que el Gobierno vasco pretende que el nuevo modelo del transporte esté dirigido por empresas afines y apartar de él a otras compañías y los camioneros autónomos integrados en el sindicato. El fondo de este conflicto es el control del transporte de contenedores, un negocio que mueve 60 millones de euros al año. Por ello, el sindicato señaló que existe "un poder", refiriéndose al PNV sin citarlo, que se encuentra detrás de las detenciones de la semana pasada y opinó que el acuerdo en este conflicto es posible si participan los implicados. "Las instituciones lo que han hecho hasta ahora es interferir. El problema para llegar a un acuerdo es la Administración".

El presidente de Sintrabi, Juan Carlos Fullana, censuró que las instituciones no hicieron nada durante la dura crisis que los transportistas autónomos soportaron en la década de los 90. "Ahora que nos hemos organizado, nos llama delincuentes", protestó.