Un juez contra los 'barras bravas'

Por primera vez la Justicia argentina inicia acciones legales por extorsión contra los seguidores radicales de un club de fútbol. Aficionados que exigen dinero y prebendas a los directivos y jugadores. Unos hinchas que han provocado disturbios con numerosos heridos y la suspensión de un partido de Liga cuando les han negado sus privilegios.

Aunque en el fútbol argentino el poder de los grupos ultras, denominados barras bravas, es muchísimo mayor que en otros lugares, el caso del Godoy Cruz, club de la Primera División afincado en Mendoza, se ha convertido en el paradigma de un equipo convertido en rehén de sus seguidores más radicales. El ascenso a Primera, logrado el pasado mayo, supuso un aumento no sólo de las expectativas deportivas sino de las reivindicaciones materiales de los barras bravas, que exigieron un 10% del sueldo de los jugadores, transporte gratis a todos los partidos -Mendoza se encuentra a 1.037 kilómetros de Buenos Aires, donde se concentran la mayor parte de los equipos de Primera- cientos de entradas para la reventa -como local y visitante- y otra "aportación" personal de cada futbolista en los partidos fuera de casa.

Los radicales hicieron saber a la directiva del club mendocino que no pensaban rebajar sus condiciones y amenazaron a los jugadores y a la estructura del equipo. La directiva no cedió y comenzaron los problemas. A las pintadas amenazantes tanto en las instalaciones del club como en otros edificios se sumaron las peticiones directas a los jugadores en la pretemporada. Durante la primera jornada del Torneo Apertura, disputada hace dos semanas contra el Argentinos Juniors, los barras bravas insultaron y amenazaron a su propio equipo y así se llegó al primer choque como local, jugado el pasado sábado contra el Arsenal.

Cuando apenas se habían disputado 16 minutos del primer tiempo, los exaltados cumplieron su amenaza de forzar la suspensión del encuentro mediante un violento enfrentamiento con la policía que se saldó con 35 agentes heridos, 26 espectadores detenidos y una estampida de espectadores entre gases lacrimógenos. El presidente del equipo, Mario Contreras, presentó de inmediato su dimisión irrevocable, aunque no quiso explicar su decisión: "Prefiero hablar en otro momento", señaló.

Por su parte, el vicepresidente, José Mansur, denunció que el grupo exige al club 10.500 euros, en un país en el que el sueldo mínimo es de 184 euros. "Antes, nosotros colaborábamos con los más desfavorecidos, pero cuando el equipo ascendió aumentaron sus demandas", reconoció el dirigente provocando la intervención por parte de la fiscalía ante un presunto delito de extorsión.

Los sucesos de Mendoza han profundizado la polémica existente en Argentina desde hace años sobre el desmedido poder de los hinchas en los equipos. Muchos jugadores reconocen que "colaboran" económicamente con los seguidores ultras, a los que es habitual ver en los entrenamientos con los jugadores. Tampoco son extraños los casos de hurtos o daños en los vehículos de aquellos futbolistas poco comprensivos. En paralelo, siete antiguos directivos del equipo Nueva Chicago, de la provincia de Buenos Aires y ahora en Primera, han sido condenados a 10 días de arresto domiciliario por unos disturbios originados por ultras en el estadio en noviembre de 2005. La sentencia explica que los condenados son responsables de no hacer cumplir las condiciones de seguridad en el recinto deportivo.